El presidente de la Asociación de Hoteles para Adultos de Chile (AHPA), Francisco Soto, acusó discriminación arbitraria en contra del gremio de los moteles durante la pandemia.
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“El tiempo y el uso que se le da a las habitaciones es un acuerdo comercial privado, por ende no existen alojamientos para dormir, otros para trabajar u otros para intimar”, declaró.
También señaló que «no estamos en contra de las fiscalizaciones sanitarias, sin embargo, creemos que deben realizarse con protocolos claros. A su vez es importante recalcar que el Minsal establece que lo que hace un usuario dentro de la habitación es un tema privado del pasajero y no necesariamente debe incluir una noche de pernoctación como se ha indicado incorrectamente y sin fundamento legal por parte de las autoridades”.
Soto agregó que, representantes del sector sostuvieron en enero una reunión con autoridades de Gobierno para conocer el modo de funcionamiento de los moteles durante la vigencia del Plan «Paso a Paso».
Claudio Trespalacios, secretario de AHPA, afirmó que en esa reunión “la autoridad concluyó que los hoteles para adultos se encuentran efectivamente autorizados para su apertura y funcionamiento, incluso en cuarentena, debiendo nuestros pasajeros gestionar su debido permiso general de desplazamiento, tanto para el ingreso y salida del recinto, pero no para su permanencia en nuestros establecimientos”.
Desde la Asociación acusaron que “nuestros hoteles siguen siendo víctimas de fiscalizaciones con altos grados de hostigamiento, prohibiendo arbitrariamente nuestra apertura, llamándonos clandestinos, cuando poseemos los permisos legales para funcionar. Hemos presenciado abusos de autoridad por parte de fiscalizadores, quienes le exigen a nuestros pasajeros salir de sus habitaciones o irrumpen en ellas exigiendoles un permiso de desplazamiento cuando ellos no se están desplazando, sino que hospedandose”.
También señalaron que estos actos afectan “gravemente nuestra reputación laboral, nuestros ingresos económicos y la fuente de trabajo de miles de trabajadores, alcanzando la pérdida de más de 3 mil empleos y una disminución en la ventas por sobre el 70%».
Para finalizar, solicitaron al Ministerio de Salud, mediante su Subsecretaría de Salud Pública, y al Ministerio del Interior, mediante su Subsecretaría de Prevención del Delito, instruir normativa a las Seremias, Municipios y Carabineros de Chile, con el fin de evitar la discriminación, arbitrariedad y daños al prestigio del rubro.
