La fiscal a cargo del caso de Tomás Bravo, Marcela Cartagena, se refirió hoy a las filtraciones ocurridas la semana pasada con la autopsia al pequeño, realizada por el SML y sobre las diferencias de la familia con el otrora persecutor del caso, José Ortiz.
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«Me volví a reunir esta semana, en el día de hoy en una extensa reunión con los papás de Tomás, donde les pude aclarar algunas circunstancias ocurridas en el último tiempo, que tiene que ver con el informe de autopsia del SML», dijo Cartagena.
Sobre esto, además de reafirmar el resultado del informe, sostuvo que abrió una investigación de oficio, para determinar las responsabilidades que correspondan.
Consultada sobre si la familia de Tomás Bravo pidió remover al fiscal José Ortiz, Cartagena precisó que solicitaron que no interviniera en la investigación, «y no ha intervenido desde que yo me hice cargo».
Además, dijo de forma categórica que Ortiz «no debió inhabilitarse, no hay causal».
Esto tiene relación con lo revelado hoy, sobre las catorce órdenes de detención que José Ortiz emitió en contra de la familia materna del pequeño, durante el año 2019, mientras el núcleo familiar enfrentaba un litigio civil con la Forestal Arauco.
Personal de Carabineros llegó a la propiedad, donde vive actualmente la familia, tras denuncias de robo de madera, debido a que el grupo decidió explotar el bosque en cuestión.
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La bisabuela de Tomás es quien mantiene el litigio con la forestal, pero debido a que está declarada interdicta, su hija Elisa Martínez, la representa.
