El caso de Tomás Bravo se ha reactivado estos últimos días, debido a la entrega de informes del SML, que dieron a conocer -por una filtración- la causa de muerte del niño de tres años; por la futura entrega del cuerpo y ahora; por el hostigamiento del otrora fiscal a cargo, hacia la familia del pequeño.
PUBLICIDAD
En un reportaje de Radio Cooperativa, se revela que el fiscal José Ortiz, quien se desempeña como jefe de la Fiscalía de Arauco y lideró las primeras semanas la investigación de la desaparición y posterior muerte del pequeño, gestionó 14 órdenes de detención contra la familia completa de Tomás Bravo en el año 2019, motivo por el cual lo acusan de actuar con sesgo al no inhabilitarse.
Estas órdenes se relacionan con un litigio civil entre la Forestal Arauco y la familia, por la propiedad del predio Caripilún donde viven.
De acuerdo al medio, personal de Carabineros llegó al lugar tras denuncias de robo de madera, debido a que el grupo familiar decidió explotar el bosque en cuestión.
La bisabuela de Tomás es quien mantiene el litigio con la forestal, pero debido a que está declarada interdicta, su hija Elisa Martínez, la representa.
Así, la abuela de Tomás conversó con Radio Cooperativa e indicó que es «demasiado terrible lo que pasó, porque están las pruebas de que él (el fiscal) autorizaba las detenciones de la familia dando a favor de Forestal Arauco, entonces si eso está comprobado con documentos, me parece que él jamás debió haber estado detrás de la causa de mi nieto, y no sé cómo él no informó este hecho para que sus superiores supieran y lo inhabilitaran en la causa».
