La tarde de este martes, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, confirmó que el Gobierno, cumpliendo con la palabra empeñada y el rol que les corresponde, ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional a fin de que se pronuncien respecto de la posible inconstitucionalidad del proyecto del tercer retiro de las AFP.
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De esta forma, y como lo catalogaron en su momento desde la oposición, el Ejecutivo cumplió con su «amenaza» de hacer lo necesario para frenar el nuevo 10%, pues estiman que se trata de una mala política pública.
«Estamos conscientes del dolor de las familias, seguiremos buscando fórmulas para ir en su auxilio, pero también es nuestro deber velar para que las reglas sean respetadas», dijo.
Esta había sido calificada por parte de representantes de la izquierda como la «línea roja» que La Moneda no debía cruzar, pues si lo hacían, se arriesgaban a que diputados juntaran las firmas para acusarlo constitucionalmente.
Consultado al respecto, Ossa desestimó esos planteamientos, aseverando que es «contraintuitivo» acusar a alguien por hacer que se respete la Constitución.
