El anuncio del gobierno argentino respecto del dinero recaudado por concepto de impuesto a los ricos, que alcanzó a los dos mil 400 millones de dólares sólo por con el 74% de los contribuyentes de ese segmento del país, provocó una polémica de proporciones porque el futbolista Carlos Tevez y la familia del fallecido Diego Maradona, entre otros 220 millonarios transandinos, han insistido en recurrir a la justicia argentina con recursos legales para evitar el pago de sus contribuciones.
PUBLICIDAD
Según cuenta Página 12, el caso de ambos futbolistas no ha sido el único en que millonarios locales se han negado a contribuir con este aporte al Estado. «El ‘jugador del pueblo’ Carlos Tévez, ídolo de Boca y amigo de Mauricio Macri, se rehúsa a pagar el aporte extraordinario y por única vez a la riqueza. Ese que deben aportar, porque es ley, unos 14 mil de entre 45 millones de argentinos, o sea el 0,03 por ciento de la población», informa el medio argentino, que recuerda varios episodios en que los futbolistas y empresarios del fútbol profesional han sido noticia por evadir y eludir impuestos.
«Aunque no son mayoría, hay otros multimillonarios que no quieren aportar nada. Muchos famosos jugadores de fútbol han sido enjuiciados por elusión o evasión de impuestos. Ni qué hablar sus dirigentes. También, excepcionalmente, unos pocos banqueros o dueños de multinacionales, cuando el poder los abandona o los entrega como chivos expiatorios de una práctica obscena, depredadora», remarca el medio.
Otro diario, como El Tiempo, da cuenta que otras fortunas no han presentado a la fecha sus declaraciones. «Hay un pequeño grupo de millonarios que decidieron judicializar el tema para no pagar el aporte solidario, al que AFIP calcula en un número cercano a los 220 contribuyentes. Semanas atrás habían trascendido algunos nombres de esas personas, entre las que destacaban algunos directivos del Grupo Clarín y el capitán de Boca Juniors, Carlos Tévez. Además, la agencia inició fiscalizaciones integrales sobre un conjunto de contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones que no presentaron sus declaraciones juradas».