A raíz de una orden emanada por la fiscal de Concepción, Ana Aldana, funcionarios de la PDI ingresaron esta mañana a las oficinas de la ENAP en Las Condes para retirar los documentos relacionados a la compra de crudo iraní en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía del Bío Bío por el caso de contaminación ambiental e intoxicación sufrida en 2018 en las ciudades de Concepción, Quintero y Puchuncaví, y que afectó a cerca de un millar de personas por el traslado del crudo conocido como «Iranian Heavy».
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Según informó radio Bío Bío, esta diligencia realizada por la PDI busca «acceder a datos relativos a la adquisición del crudo en el país de Medio Oriente» y que significó la pérdida de «más de 43 millones de dólares durante la administración del ingeniero ligado al PPD, Marcelo Tokman, bajo el mandato del segundo gobierno de Michelle Bachelet», y que al día de hoy mantiene a siete ejecutivos de la empresa formalizados.
Dado el carácter secreto de las actas del directorio de la ENAP, ya que esta empresa es «estratégica para el Estado», es que la fiscal Aldana -según explica el reportaje de la radio- solicitó la diligencia para acceder a documentos que no son de carácter público.
Otros documentos que busca la Fiscalía, según detalla la emisora, son los «relativos al contrato de seguros para los buques tanque Monte Toledo y Cabo Victoria, donde se trasladó el crudo iraní hacia Sudamérica, cuáles eran sus montos de cobertura y con qué compañía se contrató el servicio. Además de conocer cuál fue la liquidación del seguro en cuestión».
