La ciudad de Popayán, en el oeste de Colombia, se convertió en las últimas horas en un nuevo foco de las protestas antigubernamentales, tras registrar un fallecido y una veintena de heridos durante los disturbios del viernes, entre ellos seis policías.
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El catalizador de los enfrentamientos fue el suicidio de una joven de 17 años que denunció haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de policías que la retuvieron mientras grababa una manifestación.
Reacción del gobierno
El presidente derechista Iván Duque dio orden al ministro de Defensa, Diego Molano Aponte; y al ministro del Interior, Daniel Palacios; para que se trasladen a Popayán para resolver la crisis en medio de los fuertes disturbios de las últimas horas.
La capital del Cauca está bajo toque de queda y ley seca desde las 18.00 del viernes hasta esta madrugada.
El fallecido fue identificado como Sebastián Quintero Múnera, de 22 años y estudiante de UniMayor, que murió por el impacto de una bala de goma disparada por miembros del Escuadrón Antidisturbios, según el balance de Caracol Radio.
Tal y como informa el diario «El Tiempo», los manifestantes atacaron las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde, según la denuncia de defensores de derechos humanos, habría sido violada la joven, así como en el departamento de Medicina Legal donde se está investigando su suicidio y los abusos que denunció.
En este sentido, la ONU Derechos Humanos Colombia condenó este último asalto por lo contraproducente que puede ser para el caso de la joven.
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«Urge proteger evidencias forenses que allí se encuentran y que son fundamentales para búsqueda de desaparecidos, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Los funcionarios se encuentran a salvo, les expresamos nuestra solidaridad», dijeron saber en un comunicado.
Versión de la policía
El comandante de la Región Cuatro de Policía, general Ricardo Alarcón, confirmó que los uniformados que trasladaron a la joven a la URI en Popayán fueron identificados plenamente y fuentes oficiales le explicaron al diario «El Tiempo» que los agentes fueron apartados de sus funciones para darle transparencia a la investigación.
Uno de los agentes, bajo condición de anonimato, negó la comisión de abusos. «Jamás hemos hecho eso. No tenemos la necesidad. Nadie la manoseó, la tocó, la accedió sexualmente o se le dijeron palabras ofensivas en términos sexuales. Todo está grabado», aseguró.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el viernes su solicitud para realizar una visita de trabajo a Colombia para observar en terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que comenzaron el 28 de abril.
