La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica logró penas que suman 54 años y 6 días de presidio efectivo en contra de cinco acusados, que integraban una organización que estafó a más de 100 personas en la venta de casas, que supuestamente se encontraban en proceso de remate, y que alcanzó un perjuicio de casi 1.500 millones de pesos.
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Durante el juicio, el Ministerio Público presentó un total de 280 testigos, de los cuales 111 fueron víctimas, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Daniel Valenzuela, quien trabajó junto a la PDI.
Los acusados Paulo Felipe Chacón Vera y Óscar Andrés Lepín Orellana fueron condenados a las penas únicas de 6 años de presidio, cada uno, como autores del delito reiterado de estafa; más 6 años de presidio, como autores del delito de estafa en concurso con el delito reiterado de uso malicioso de instrumento público falso.
En tanto, Luis Antonio Ríos González, Susana Denisse Vergara Valenzuela y Gregorio Rafael Pulgar Castañeda deberán cumplir las penas únicas de 5 años y un día de presidio, cada uno, como autores del delito reiterado de estafa; más 5 años y un día de presidio por estafa en concurso con el delito de uso malicioso de instrumento público falso.
Un sexto acusado, Luis Adolfo Rodríguez Astorga, deberá cumplir 3 años y un día de liberta vigilada intensiva, como cómplice de los delitos de estafas reiteradas.
Fraude de 1.500 millones de pesos
La investigación estableció un monto defraudado total que suma cerca de 1.500 millones de pesos, considerando que hubo víctimas que cancelaron desde los 2 millones hasta los 65 millones de pesos por viviendas que les fueron ofrecidas por los acusados a un menor precio de mercado, pero que jamás le fueron entregadas.
La indagatoria estableció que a partir del año 2014, la organización comenzó a ofrecer inmuebles de la ciudad de Arica que supuestamente se encontraban en proceso de remate en el marco de una causa radicada en el Segundo Juzgado Civil de Santiago. En ese contexto, sus integrantes simularon realizar las gestiones legales en la capital a fin de adjudicarse las propiedades.
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De esta forma, se ofrecía a las víctimas adquirir el inmueble en el remate a un menor valor del precio comercial con la condición que se debía cancelar anticipadamente el 50% del precio para reservar la casa y el resto una vez entregada. Paralelamente, los acusados se dedicaban a captar personas para ofrecerles las propiedades en remate.
Se ofreció el negocio a varias personas que cancelaron millonarias sumas con el objetivo de adjudicarse una propiedad. Sin embargo, jamás recibieron los inmuebles. Asimismo, la indagatoria estableció que los acusados exhibían a los afectados actas de adjudicación falsificadas.
