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Con una denuncia ante el Consejo para la Trasparencia, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes cuestionó al Ministerio del Interior por las recientes expulsiones en el norte del país, catalogándolas de «ilegales».
La acusación está dirigida al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y sostiene que se trata «de encubrir las ilegales expulsiones a inmigrantes que está ejecutando».
La demanda surge en el marco de la publicación de la nueva Ley de Migraciones, bajo la cual comenzó un proceso extraordinario de expulsión de indocumentados dispuesto en el octavo artículo de la legislación.
La coordinadora acusa que se debió entregar un marco de 180 días para que los extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados puedan salir sin sanción.
A través de un comunicado publicado por el medio El Desconcierto, la organización de inmigrantes acusó que «el Ministerio del Interior, su Departamento de Extranjería y la PDI, ejecutaron redadas a inmigrantes, detenciones sin orden y procedieron a expulsarlas a las personas más vulnerables, en procedimientos colectivos prohibidos legalmente, y sin respetar las normas y garantías constitucionales, inclusive la misma Ley de Migraciones que impulsó este Gobierno».
Respuesta de Extranjería
El 20 de mayo, a 5 días de que haya vencido el plazo de respuesta, el Jefe de Extranjería, Álvaro Bellolio, le respondió a la Coordinadora y alegó que «evade responder la solicitud de transparencia y remite una Resolución del Subsecretario del Interior que no satisface en nada el requerimiento de transparencia, pero inclusive delega en forma expresa al Jefe de Extranjería a aclarar el procedimiento de regularización y salida del país puesto en la nueva ley de migraciones».
En reacción, la Coordinadora de Inmigrantes presentó un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia con el ROL C3765-21, lo que podría generar sanciones para el subsecretario Galli.
«La actitud del Ministerio del Interior no resulta extraña, ya que esta cartera ha buscado diversas formas para no cumplir con lo dispuesto en su propia Ley, no han respondido los múltiples casos que quedan en un limbo frente al proceso de regularización migratoria, tampoco ha implementado un procedimiento para que los inmigrantes que quieran retornar a sus países lo hagan», indició la organización, la cual insistirá en el pronunciamiento del CLPT mediante órganos de control, fiscalización del Congreso y peticiones internacionales.
Expulsiones de indocumentados y procesados
Las Naciones Unidas instó al Gobierno a «detener de inmediato» las expulsiones de migrantes amparados en la nueva Ley de Migración.
«El Gobierno de Chile ha de detener de inmediato estas expulsiones colectivas de inmigrantes ya que estos tienen derecho a una evaluación individual de sus casos (…) muchas de las personas habrían permanecido detenidas, en situación de incomunicación y sin acceso a asistencia legal», indicó la ONU.
Desde el Ejecutivo esperan expulsar alrededor de 1.500 extranjeros indocumentados en 15 vuelos diferentes, en el marco de un explosivo aumento de ingresos irregulares en el norte del país que derivó en la promulgación de la nueva ley, que reemplaza a la Ley de Extranjería que databa de 1975.