Esta mañana, el alcalde de La Reina y presidente de la Comisión de Transportes de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios (UDI), se unió a transportistas escolares y representantes del transporte menor, con el fin de pedirle al Gobierno que derogue el impuesto específico a los combustibles, el cual ha encarecido el trabajo de los transportistas durante la crisis.
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Según el edil, esto se hace necesario porque el gremio lo ha «pasado mal» durante la pandemia, ya que «hay cientos de colectiveros, cientos de transportistas escolares y muchas personas que trabajan con sus vehículos y que deben pagar un sobrecosto altísimo por concepto de combustible».
«Hoy hay gente en nuestro país que la está pasando muy mal. Nosotros citamos a hacer acciones para ayudar al bolsillo de cada uno de ellos. Por eso estamos buscando que de forma transversal se apoye un proyecto que baje el impuesto específico a los combustibles. Ahí, lo más importante quizás, es buscar el respaldo del Ejecutivo», sostuvo Palacios, agregando que «estamos en una crisis muy grave nacional e internacional, y sería un gran apoyo a los bolsillos de las personas el bajar este impuesto específico o eliminarlo. Ojalá podamos avanzar porque sé que todos los transportistas y todas las personas que trabajan en el mundo del transporte lo van a agradecer mucho».
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Desde los gremios, la representante de los transportistas escolares, Susana Royal, manifestó que la rebaja se hace necesaria porque muchos de los furgones que trasladan escolares, han quedado en una irregularidad laboral, puesto que hay cambios de fase que alternan clases presenciales y online, además de deber cumplir con aforos al interior del transporte que les impiden llevar a todos los niños a sus recintos.
«Nosotros somos uno de los gremios más afectados por esta pandemia. Si bien nos habíamos acostumbrado a las alzas, no a estas alzas desmedidas. Estamos siendo doblemente afectados porque las clases online van a seguir, y nosotros estamos viendo si tendremos que llevar a los niños cada dos semanas o al ritmo que nos digan los colegios. Entonces, llevar 5 o 6 niñas en un furgón no nos sale a cuenta. Seguimos pagando este «impuesto de emergencia» que se puso hace tantos años, con más de $300 pesos por litro de bencina y $100 de IVA, casi la mitad de todo en impuesto específico», sostuvo la dirigenta, que agregó que «si rebajan este impuesto, quizás nos dan el impulso para volver a trabajar. Hacemos un llamado al Gobierno a colaborar. Hemos pagado desde 1986 el impuesto, aportando 300 mil pesos mensuales al Estado y hemos recibido sólo un bono».
En tanto, en una línea más categórica se manifestó Eduardo Castillo, presidente de la Confederación de Taxi-colectivos y Transporte Menor (Contramen), quien sostuvo que a partir de la crisis un 80% de los empleados de taxi-colectivos no han podido salir a trabajar durante la pandemia.
«La parte de nosotros que sale a trabajar, para brindar un servicio al transporte público, debe soportar la pandemia, si tiene o no para comer diariamente y debe soportar las tremendas alzas de combustible», sostuvo, añadiendo que «hacemos un llamado al Presidente y al poder Legislativo a que de una vez por todas nos pongamos a legislar en serio y en razón de la gente, porque hoy la estamos pasando mal. No sólo el usuario común y corriente que necesita su vehículo para desplazarse. Esperamos que del impuesto no haya solo una mitigación, sino una eliminación».