La Corte de Apelaciones de Iquique acogió los recursos de amparo presentados en representación de 17 ciudadanos venezolanos que habrían ingresado al país por pasos no habilitados.
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La instancia ordenó dejar sin efecto los respectivos decretos de expulsión del territorio nacional, dictados por la Intendencia Regional de Tarapacá.
En fallos unánimes, la Primera Sala acogió las acciones constitucionales tras establecer que las resoluciones administrativas impugnadas, adoptadas por la autoridad recurrida, carecen de fundamento legal.
En uno de los fallos se lee: “La medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que la amparada hubiere podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes».
Contundente fallo
En el documento se agrega que «la Intendencia Regional de Tarapacá dispuso su expulsión sin que haya sido concluida alguna investigación en su contra y mucho menos se hubiera dictado alguna sentencia con relación al ingreso clandestino al país».
Se explica que la intendencia actuó «valiéndose tan solo de sus actuaciones administrativas carentes de fundamento y vulneratorias del derecho a la defensa constitucionalmente protegida”.
La resolución agrega que “al haber aplicado la autoridad migratoria la sanción de expulsión sin que existiera una investigación y proceso previo debida y legalmente tramitado, constituye una violación a la garantía constitucional».
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El documento detalla que «en ningún momento se ha brindado a la amparada la oportunidad de defenderse, ser oída, aportar pruebas en los hechos que se le imputan”.
“Por ende, no corresponde a la recurrida como autoridad administrativa, imponer esta sanción de carácter tan gravoso, sin contar con el necesario fundamento legal», precisa la sentencia,
La determinación agrega que «más aún como en el caso de autos, donde la responsabilidad penal del amparado, en la que podía motivarse una decisión como aquella, nunca fue revisada por la autoridad judicial competente”, añade.
Los fallos se suman a lo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la de Antofagasta, que acogieron dos recursos de amparo y anularon la expulsión de una venezolana y un venezolano, decretadas por el Gobierno. Éste último es padre de un lactante chileno.
