Siguen sumando fuerzas. Tras una serie de encuentros autoconvocados, 59 constituyentes demandan cinco garantías para la «sana instalación» de la Convención Constitucional, que entrará oficialmente en funciones durante la jornada de mañana domingo.
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«Consideramos esencial para la adecuada instalación y funcionamiento del proceso constituyente, el establecimiento de garantías democráticas; debido proceso; presunción de inocencia; verdad; justicia y reparación para todas las personas privadas de libertad y víctimas de la represión estatal, en el contexto de la revuelta social Chilena y de la movilización social mapuche», manifestaron en el escrito.
En ese sentido, los firmantes aseveran que condenan «la criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos».
Reprochan, asimismo, el «nulo» avance de las investigaciones, agregando que tampoco se ve motivación en el Congreso a fin de tramitar la ley de indultos.
Las cinco garantías:
- Resulta indispensable, tanto para la correcta instalación de la Convención Constitucional como para la señal de unidad y respeto que debemos tener como país, que los órganos del poder constituido ofrezcan garantías democráticas y de equidad entre los pueblos y naciones de Chile para que el proceso histórico que vivimos, transcurra evitando la incertidumbre y con paz entre los pueblos y naciones y con el país en su conjunto.
- Para dicho cometido, demandamos al poder legislativo la más rápida tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su aprobación, promulgación y publicación sin dilaciones y previa a la instalación de la Convención Constitucional, como un gesto político de justicia hacia quienes protagonizaron el proceso de transformación institucional más importante que ha vivido la historia de Chile y como el primer paso para el proceso de reconciliación que, como país, debemos empujar. Asimismo, demandamos al poder ejecutivo dar urgencia legislativa al ya referido Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos (Boletín N°13.854-17).
- Requerimos el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado, como un imperativo moral y ético para el proceso de transformación institucional que vivimos, por lo que demandamos de parte del gobierno el gesto humanitario de dejar el periodo de persecución y castigo atrás.
- Demandamos la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio. La represión que históricamente ha afectado al pueblo nación Mapuche, no puede ser avalada ni ignorada en un proceso democrático.
- Consideramos imperativa la creación un catastro oficial de los presos y presas políticas de la revuelta social, privados de libertad y/o con procesos en curso y de todas las víctimas de la represión estatal
