La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, salió al paso respecto del documento que la Clínica Las Condes mandó a la Seremi de Salud Metropolitana pidiendo dejar sin efecto el sumario sanitario en su contra por haber vacunado con una tercera dosis de la vacuna Pfizer a otras cuatro personas aparte de Alejandro Gil, presidente del directorio de la institución privada.
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Según Martorell, la vacunación de Gil, a diferencia de los otros casos, que la subsecretaria Paula Daza aseguró fueron «errores humanos» comprobables, es una situación totalmente distinta que amerita la imputación legal que como Gobierno se le realizó al empresario.
«Aquí estamos enfrentando una situación que es totalmente distinta, una persona que llega a exigir una vacuna, saltándose de hecho la fila tal como se ha indicado y no solo eso, sino que además se apropia de un bien que es del Estado», aseguró la subsecretaria, quien acusó que en este caso «en particular, no hay un error».
«Hay una intención de ponerse una vacuna y en esa intención, desde la perspectiva del Gobierno, existe una intención de apropiarse de un bien, insisto, que es del Estado, que para nosotros reviste características del delito penal», continuó Martorell, que insistió en que ese fue el motivo por el cual denunciaron a la clínica.
«Hemos presentado una denuncia a la Fiscalía junto con la subsecretaria Paula Daza. Quisiera recordar que, así como las vacunas le corresponden al Estado, estas en particular, Pfizer, estaban destinadas a ser administradas a niñas, niños y adolescentes de acuerdo al calendario de vacunación», argumentó la autoridad.
Según Martorell, las pruebas respecto del ilícito de Gil están en el posterior certificado médico que se emitió para justificar su vacunación.
«Inclusive después se entregó un certificado médico para intentar justificar esta vacunación, con dos días posteriores al hecho de la vacuna. Es decir, desde nuestra perspectiva también hay una intención de resguardar y asegurar lo que se había cometido, que es voluntariamente y con intención de ponerse una vacuna que correspondía a otras personas y que insisto, además son propiedad del Estado. Así es que la Clínica Las Condes puede tener su defensa, como corresponde, pero nosotros tenemos otra opinión y es la que estamos buscando hacer valer en los tribunales», finalizó.
