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Condenan por homicidio culposo al “Cirujano de las Barbies” colombiano tras la muerte de una paciente

Carlos Ramos ejercía sin título alguno y con su colega Ana María Socarras hicieron una serie de intervenciones que le costaron la vida a una joven de 26 años.

Un juzgado de Medellín condenó al falso médico cirujano colombiano Carlos Ramos Corena y su colega, Ana María Socarrás, a 40 meses de prisión, entre otras penas, por el homicidio culposo de una paciente que falleció luego de una intervención realizada por ambos médicos en 2011.

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La víctima de la pareja de falsos profesionales de la medicina, Tatiana Posada, una joven odontóloga de 24 años, murió a consecuencia de las complicaciones que se presentaron en la cirugía plástica de hace una década.

Posada había llegado hasta la clínica de Ramos con el objetivo de realizarse una mamoplastía, sin embargo, cuenta el diario «El Tiempo», el especialista le aconsejó que adicionalmente se hiciera una liposucción abdominal y de tronco y una lipoinyección o injertos grasos en glúteos.

«Sin embargo, según la versión que se hizo pública con el pasar del tiempo, no fue él quien realizó la cirugía sino la médica Ana María Socarrás», explica el periódico.

Es por ello que además del delito de homicidio culposo, según reveló el diario «El Espectador», la pareja también fue acusada de estafa, situación que quedó establecida en la condena pronunciada del tribunal, en la que se explica que «a la paciente no se le advirtió sobre el riesgo de la cirugía, se le violó el derecho de elegir libremente a un médico, no se hospitalizó a la paciente cuando hubo señales de riesgo, se omitió un tratamiento adecuado, se minimizaron los síntomas de la paciente tras la intervención y la historia clínica no correspondía con la realidad».

«Yo pienso que a ellos debieron aplicarles todo el peso de la Ley. Fueron diez largos años de lucha. Diez años en los que hemos vivido en angustia, en depresión, porque no hemos podido superar esta crisis», contó Luz Jiménez, madre de la víctima, quien quedó frustrada con la condena, considerando que la pena carcelaria de hecho les fue suspendida y sólo quedaron inhabilitados de ejercer la profesión por 30 meses, más el pago de 30 sueldos mínimos. «Nada pasa aquí en Colombia. El poder económico puede más que la realidad. Estoy muy triste con esta sentencia».

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