La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su «preocupación» por lo que considera como «graves violaciones» de los Derechos Humanos registradas en Cuba a raíz de las protestas contra el Gobierno, que comenzaron el pasado 11 de julio.
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En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha reiterado su rechazo a las «acciones de represión durante las manifestaciones» y ha advertido de que las denuncias recibidas por parte de la sociedad civil «son graves y merecen la atención de las autoridades cubanas y la comunidad internacional».
«Según la información recibida, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias de particulares, que se habría extendido por varios días», recoge el texto.
Así, la CIDH ha indicado que los hechos denunciados «incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero».
La CIDH ha señalado, además, que se han registrado actos de «vigilancia y monitoreo a residencias», así como la apertura de procesos judiciales «sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal», tal y como ha recogido la cadena Radio Televisión Martí.
«En este marco, la Relatoría ha sido informada sobre las primeras condenas de prisión a raíz de las protestas del 11 de julio, las cuales se habrían dictado luego de un juicio sumario en el que la mayoría de los acusados no contó con defensa legal y en la que doce personas recibieron sentencias de 10 meses a 1 año de cárcel», ha alertado.
En este sentido, ha hecho hincapié en que existe una falta de información por parte del Gobierno: «autoridades policiales y de la Fiscalía negaron que hubiese una sola persona desaparecida, afirmaron que en la isla no hay lugares de detención desconocidos o secretos».
Por ello, ha pedido a los países de la región que «cumplan su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público».
