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La tarde de este domingo, en su cuenta de Twitter, «Lista del Pueblo», agrupación de independientes con representantes en la Convención Constitucional, dio inicio a un controvertido proceso de «preinscripción» de candidaturas para las elecciones parlamentarias de noviembre.
El grupo lo anunció publicando que hoy se inicia lo que denominan «un nuevo proceso para que luchadoras y luchadores independientes que porten la fuerza de la revuelta y las banderas de Octubre le quiten el poder a quienes han gobernado por los últimos 47 años», en referencia tanto a la dictadura militar, como a los gobiernos de la centroderecha y la centroizquierda.
No obstante, la invitación causó polémica en dos sentidos, ya que la Lista del Pueblo rehusó transformarse en partido político, señalando en su documento de ingreso a la precandidatura que a pesar de estar «luchando» para tener un proyecto que asegure una lista de independientes, tal como en el proceso constituyente, tienen un «plan B», si es que «los Partidos se atrincheren defendiendo sus privilegios y su democracia elitista».
«No somos partidos, ni queremos serlo para disputarles el poder político; por eso, cada candidatura definitiva será elegida en una Gran Primaria del Pueblo, a la que todes podrán presentarse cumpliendo ciertos requisitos mínimos», establecen.
Por ello es que dispusieron la inscripción masiva de candidaturas independientes, las cuales deben juntar patrocinios en el sitio web del Servel para poder ser «contactados» por la Lista, y quien más patrocinios reúna, será candidato.
Asimismo, establecieron otros requisitos, como el «no tener antecedentes penales, salvo por hechos vinculados al estallido social», «no pertenecer ni haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad», «no tener denuncias por fraude o estafa, violencia intrafamiliar, abuso de menores, ni en general investigaciones penales en su contra, con excepción de las referidas a hechos vinculados al estallido social», y «no tener deudas por pensión de alimentos o incumplimiento de sentencias de cuidado personal».
De igual forma, aseguran como causal de expulsión cualquier apoyo que se reciba o se preste desde partidos políticos, e incluso ponen requisitos referidos a las «funas».
«En caso de tener funas o denuncias desformalizadas por violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, prácticas antisindicales o cualquier acción u omisión constitutiva de delito penal será derivado al comité de ética, quien revisará el caso.», señalan.
