A mediados de julio, los dirigentes nacionales de La Lista del Pueblo recibieron la información de boletas abultadas y pagos a familiares de candidatos, tras las elecciones constituyentes.
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Esto se suma a los problemas internos de la lista, donde un sector aboga por la candidatura directa de Cristián Cuevas, mientras otros ya mencionan la realización de primarias.
De acuerdo a una investigación de Ciper, la alerta llegó del Biobío, por los honorarios que estaba cobrando una coordinadora de campaña que asesoró a varios postulantes: Miriam Parra.
Las boletas exhibían distintos precios a diversos candidatos, pero por el mismo servicio. Y los montos señalados en los documentos, eran ostensiblemente más elevados que los del resto de las campañas que la lista impulsó en el país. En total, se estaban cobrando $7,5 millones de pesos en cuatro boletas.
La investigación interna, que sigue en curso, no solo confirmó las situaciones detectadas en Biobío y que motivaron la expulsión de Miriam Parra y del ex candidato Ricardo Mahnke. También detectó al menos 24 boletas y facturas fueron emitidas por familiares directos de los candidatos o de sus compañeros de lista.
El Estado provee a través del Servel pagos entre $1.148 y $1.435 por cada voto emitido para candidatos a la Convención Constitucional, sea este elegido o no. Esto mientras, el postulante no haya podido cubrir sus gastos con las donaciones de campaña. Y aunque en la normativa vigente no está prohibido que familiares del candidato presten servicios en su campaña, un sector de la Lista del Pueblo considera que esta es una práctica que debe ser eliminada en futuras elecciones.
De esta forma, Evelyn Godoy, quien en julio, cuando partieron las investigaciones, lideraba la Comisión de Ética de La Lista del Pueblo, dijo al medio que “éticamente no corresponde que existan boletas a familiares”.
“El Servel no da valores ni precios, pero sí dijeron que las boletas tienen que ser acordes al mercado”, añadió.
