Por 71 votos a favor y 76 votos en contra, finalmente tras cinco horas de exposiciones, la Cámara de Diputadas y Diputados, rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.
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Ya con este resultado, la acusación constitucional no sigue avanzando.
En representación de los acusadores, la diputada Camila Rojas, hizo uso de la palabra, exponiendo los argumentos de la acusación.
Primero hizo un resumen desde el cierre de las escuelas en marzo de 2020 y pasó a criticar lo que calificó como la resistencia constante del ministro a considerar las realidades y aprensiones de las comunidades educativas. Esto, quedaría manifestó en los anuncios de reducción de presupuesto en abril de 2020, en que no se dio solución a las brechas tecnológicas entre colegios particulares y públicos, ni a generar pautas de trabajo que garantizaran el bienestar de profesores y asistentes de la educación.
Siguiendo cronológicamente los hechos, la parlamentaria criticó el anuncio de vacaciones anticipadas, justo cuando las escuelas estaban logrando pasar la etapa de ajuste a la educación a la distancia. Luego de esto, señaló que comenzó una presión por el regreso a la presencialidad, generando incertidumbre y angustia en las familias.
“Esta acusación no tiene que ver con si estamos de acuerdo o no con el retorno presencial. “Este es fundamental y deseable”, aseguró. Sin embargo, criticó que se promueva cuando existe infraestructura deficiente de muchos establecimientos educaciones, que no dan las garantías para un retorno seguro.
Reprochó que las y los docentes hayan sido apuntados por el ministro como los responsables de que no se reanuden las clases presenciales. Y, si bien reconoció las herramientas entregadas por el Ministerio, como las plataformas digitales y de televisión implementadas, aseguró que esto no debe ser felicitado, pues “es parte del trabajo que al ministro le corresponde”.
