A raíz de las controversias generadas por encuentros entre el fiscal nacional Jorge Abbott y otras autoridades, el Consejo para la Transparencia identificó “claras señales de agotamiento de la regulación de la actividad de lobby y gestión de intereses”. Así lo afirma su presidenta Gloria de la Fuente, quien calificó a esta normativa de “insuficiente”.
PUBLICIDAD
Afirmó que “urge trabajar en su modernización, en la línea de fortalecer el ecosistema de transparencia e integridad pública. Conformada por normativas e instituciones que requieren ser reforzadas”. Ello, en favor del fortalecimiento de la confianza ciudadana.
La presidenta del CPLT dijo que la experiencia “se ha encargado de mostrar que los intereses anidados en los círculos de poder público pueden llegar a ser tan dañinos para la confianza pública como los intereses particulares que buscan incidir en una decisión”.
Recalcó que “el desafío es avanzar hacia una regulación que abandone los prejuicios hacia las autoridades. Y reconozca que entre éstas también se ejercen actividades de influencia recíproca. Que si bien no están sujetas a la ley debieran incorporarse en una agenda pública. Debieran estar las reuniones de los senadores para conocer los argumentos de los postulantes al Ministerio Público o al Banco Central”, comentó.
De la Fuente explicó también que la incidencia en un proceso de toma de decisión es una acción que no se limita a empresas o personas que representan a un tercero: “No sólo hablamos de lobistas contratados, también de miembros de una agrupación que busca incidir en un proceso de toma de decisión.
La definición de Lobby o gestión de intereses puede aplicarse a cualquier otra organización, incluyendo juntas de vecinos, gremios, sindicatos y otros. Ellos buscan exponer a las autoridades sus puntos de vistas sobre determinados temas y se agrupan en torno a intereses particulares.
Transparencia incluso sobre la agenda presidencial
El Consejo para la Transparencia debió pronunciarse sobre una serie de casos de solicitudes de acceso a información sobre la agenda de autoridades. Las cuales son denegadas por no tener obligaciones en materia de lobby. Es el caso de la agenda presidencial, explicó De la Fuente.
PUBLICIDAD
“En lo particular, a raíz de diversos amparos al derecho de acceso a la información planteados al Consejo para la Transparencia, se ha dictaminado la publicidad de la agenda de reuniones del presidente de la República”, revelló la presidenta del CPLT.
La jurisprudencia del Consejo subrayó, ha “hecho presente que no existe ninguna razón para dejar a ciertas autoridades fuera de este marco regulatorio que permite acceder a información relevante para el control social y el escrutinio público. Lo mismo respecto a la ausencia de obligaciones de registro respecto de las audiencias que éstas sostengan”.
