Una querella por asociación ilícita en contra de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y otros 34 altos funcionarios del municipio, entre ellos su exjefa de Gabinete, María Angélica Maldonado, fue presentada ante el Juzgado de Garantía de la ciudad viñamarina.
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La acción judicial, revela un reportaje de radio Bío Bío, es una ampliación de la querella que el abogado denunciante, Javier Gómez, presentó en la justicia por el caso «Horas Extras».
En total, el libelo busca determinar las responsabilidades que 34 jefes de servicio, Maldonado y la propia Reginato tendrían en la creación de una asociación ilícita montada en la municipalidad con la finalidad de defraudar las arcas fiscales con egresos por realización de horas extras que van más allá de las que físicamente se pueden realizar a diario.
El detalle de la querella en contra de Reginato y su equipo municipal
«En otras palabras, asignaban más de 24 horas de jornada laboral, entre extras y ordinarias», explica la emisora, que entrega reveladores detalles del contenido de la querella contra la exautoridad edilicia, quien hace unas semanas aseguró que no había defraudado al municipio.
«Según se estipula en la acción legal ingresada ante el Juzgado de Garantía, a todos los funcionarios se les acusa de montar una organización destinada a cometer delitos al interior de la casa edilicia», revela Bío Bío, que da cuenta que en el escrito de 17 páginas presentado por Gómez se «argumenta que todos los jefes de servicio sindicados asignaron horas extras al personal de su dependencia más allá de un límite posible de realizar, de acuerdo a lo que se desprende de un sumario administrativo realizado por la Contraloría General de la República en el municipio».
La fórmula para defraudar las arcas municipales
En la querella se presenta detalladamente la forma en que Reginato y Maldonado supuestamente organizaban la defraudación de fondos fiscales, en virtud de un orden «permanente y jerarquizado de la organización», donde la exjefa municipal firmaba los decretos de horas extras, en tanto que Maldonado «era quien tomaba las decisiones políticas».
Tras ellas, los otros 34 jefes de servicio eran quienes determinaban las horas extras que debían declarar los funcionarios antes de ser aprobadas por Reginato.
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«Otros funcionarios han delinquido por omisión, donde se encuentran los funcionarios garantes o fiscalizadores, que tienen como deber velar por la cautela del patrimonio municipal», expone la querella, que pone en ese grupo a los directores jurídicos, control y finanzas.
Al final de la organización ilícita, explica la querella, aparecen 443 empleados de la administración comunal quienes «percibieron dineros por sobre los turnos asignados. Todos ellos mencionados con nombre y apellido en el informe de Contraloría que confirmó las denuncias hace ya seis años».
Esta presentación de Gómez busca ampliar el número de funcionarios indagados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, entre los que se cuentan ahora a Pablo Staig (en esa época, administrador municipal), Manuel Echevarría (director del área de finanzas) y Javier Vásquez (contador y funcionario municipal), antes de la audiencia para concretar el cierre de la investigación que se realizará mañana miércoles 15 de septiembre.
