Por medio de un oficio referido a la Convención, la Dirección de Presupuestos (Dipres) informó que se rechazó la petición de $1.743 millones adicionales efectuada por el órgano, para asignaciones de los constituyentes referidas a asesorías mediante personal de apoyo, viáticos y gastos operacionales.
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Según publicó El Mercurio, en el documento se señala que son dos los principales argumentos: la actual «estrechez fiscal» de los dineros disponibles y la necesidad de «dirigir los recursos hacia la atención de la emergencia producto de la pandemia».
La determinación, de inmediato, generó reacción entre los representantes y la mayoría acusó que el Gobierno estaría poniendo barreras para el buen desarrollo del organismo.
Por ejemplo, Patricia Politzer escribió: «Al Gobierno no le interesa el éxito del proceso constitucional. No tiene otra explicación este portazo a la Convención, negando el presupuesto para que haga bien su trabajo».
Por su parte, Beatriz Sánchez señaló que el Ejecutivo está haciendo un «gallito» para «empantanar la discusión sobre el financiamiento de la Convención. Se aprovecha de que es un tema sensible, para hacerle el juego a la campaña de desprestigio».
