Aunque hay una nebulosa que se posiciona sobre el trabajo de la Convención Constitucional buscando convencer de que no está haciendo su trabajo, hoy el órgano dio cuenta de todo lo contrario.
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Unos podrán estar de acuerdo y otros no con el resultado, pero lo que en otros países tardó incluso más de nueve meses, acá se logró en menos de tres. La tarde de ayer, el Pleno aprobó un reglamento general para su funcionamiento.
Esto, con todas las polémicas que se han suscitado durante todo el periodo, con los tira y afloja con el Gobierno, casos positivos de covid-19, y poco más de tres extensas sesiones donde se revisaron 343 indicaciones.
“Este paso es histórico, lo hemos dado dentro de un contexto complejo, con un covid intermedio que nos exige bastante cuidado (…) Nada nos ha detenido con el propósito de cumplir este paso tan importante”, dijo al respecto la presidenta de la Convención, Elisa Loncon.
Por su parte, el vicepresidente Jaime Bassa detalló que el reglamento aprobado “tiene poco más de 100 artículos, en clave participativa, inclusiva, que dialoga con las discusiones que vienen ahora en materia de participación indígena, de participación popular”.
En un tono similar, las celebraciones también se extendieron entre las distintas fuerzas de la Convención, principalmente entre los independientes, movimientos sociales, escaños reservados y entre los representantes de bloques de oposición.
Y esto no sólo porque están logrando avanzar, sino también porque en uno de los aspectos clave, en materia de quórum de votación de las normas constitucionales, abrieron una ventana que calificaron como fundamental.
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Ratificaron que, para ser aprobadas, las normas constitucionales requieren de 2/3, pero también la posibilidad de hacer un plebiscito dirimente cuando esos votos no se alcancen, pero sí la mayoría lo apoye.
“Los mecanismos y metodologías de participación son algo histórico en nuestro país porque reconocen la existencia de personas que históricamente han sido excluidas. Estamos contentos de que este mecanismo esté consagrado”, sostuvo al respecto la convencional Valentina Miranda (D8).
Esa fórmula, en todo caso, es precisamente la que podría traer nuevos inconvenientes para el órgano que encabeza Loncon, pues un sector de la derecha lo calificó derechamente como una vulneración al Estado de Derecho, ya que las normas que dieron forma al proceso constituyentes no contemplaban, según argumentaron, ningún tipo de plebiscito intermedio.
“Bienvenidos a la Convención Tramposa. Se aprueban plebiscitos dirimentes, alterando el procedimiento y las reglas con la que los chilenos votaron en el plebiscito”, afirmó sobre el punto Constanza Hube (D11), al tiempo que Carol Bown (D15) indicó: “Con esta trampa los 2/3 caen en la irrelevancia y se pierde todo incentivo al diálogo y acuerdos. Además de ir contra la Constitución”.
Desde el sector, sus 37 convencionales más Rodrigo Logan firmaron anoche un oficio dirigido a la Mesa en el cual avisan que ejercerán “las acciones judiciales que correspondan” en el caso de que se materialice la norma.
Específicamente, advierten que “se reservan” el derecho de recurrir ante la Corte Suprema.
Asimismo, con respecto a los mecanismos de renuncia y reemplazo de algún constituyente, advirtieron que, «en el evento que se pretenda darles aplicación en los hechos, ejerceremos las acciones judiciales que
corresponda».
Revisa acá el oficio:
Acuerdo amplio en reglamento de asignaciones
Junto con avanzar en el Reglamento General, los convencionales también aprobaron el articulado que regula las asignaciones, que serán de hasta 77 UTM ($4.068.834) por convencional: 40 para asesorías, 27 para manutención y 10 para gastos operacionales. La gracia del texto, como resaltaron los representantes, es que se acordó entre distintas fuerzas.
Sólo votaron en contra o se abstuvieron convencionales UDI o cercanos a esa tienda. Todo gasto debe ser rendido y los asesores no necesariamente deben tener un título profesional.
Avanza mecanismo de reemplazo
Aún se mantiene la duda sobre qué pasará con el cupo de Rodrigo Rojas Vade, que manifestó su intención de renunciar. Y en ese camino, ayer en el Senado se avanzó en una fórmula: en la Comisión de Gobierno se aprobó en general el proyecto que establece un mecanismo de renuncia y reemplazo de un independiente, ya que hasta ahora no hay una normativa para ello.
Ahora la moción, que es fruto de la fusión de dos textos, debe ser analizada en particular para luego discutirse en la Sala. De tener los votos, iría a la Cámara.
