Columna de Economía para todos: "Los delitos tributarios explicados con manzanitas"

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Esta semana fue Laurence Golborne, la semana pasada Pablo Longueira y días atrás el senador Jaime Orpis. Más allá de que los 3 hayan sido políticos de la UDI, existe otro mínimo denominador común: presuntos delitos tributarios. Y es que las formalizaciones a las tres ex figuras del gremialismo fue alentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco del caso Penta y Corpesca. ¿Qué se reclama? He aquí un intento por explicarlo en mi estilo: con manzanitas.

 

Las empresas en Chile pagan impuestos por sus utilidades. Esto corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos, propios del giro o actividad de cada empresa. El Estado permite que de los ingresos (normalmente ventas) las empresas descuenten todos los gastos necesarios para producir esos ingresos: salarios, arriendos, cuentas generales, compras de insumos, pago de intereses financieros, entre otros. Una vez descontado todo lo contingente al negocio se origina la utilidad.

 

A partir del próximo año la tasa de impuesto será de un 24% sobre estos dineros, tasa que aumentará en 2017 por disposición de la reforma tributaria aprobada. Así si una empresa obtuvo ingresos de $200 pesos, pero incurrió en gastos de $100 pesos, debe pagar al Estado el 24% de los restantes $100 pesos que originó como utilidad, es decir, $24 pesos.

 

El problema surge cuando las empresas utilizan gastos impropios a su quehacer para rebajar la utilidad, y por ende el pago de impuestos. Estos normalmente son rechazados por el SII, sin embargo las empresas pueden recurrir a obtener comprobantes irrechazables para evitar el veto de este organismo. No obstante, al hacer esto la empresa y quien facilitó comprobantes por servicios no prestados, se arriesgan a sanciones pecuniarias o penales. Así surge el concepto de “boletas ideológicamente falsas”.

 

De acuerdo a la Fiscalía, Laurence Golborne, Pablo Longueira, Jaime Orpis, entre otros políticos, habrían recibido aportes de campaña de forma irregular, al facilitar boletas de honorarios por servicios no prestados. A las empresas aportantes estos comprobantes les fueron útiles para reducir sus utilidades, y por ende el pago de impuestos. Al respecto el SII busca cobrar lo que cree le pertenece y sancionar a los aludidos por facilitar documentos que habrían permitido declaraciones de renta falsas y maliciosas.

 

En lo meramente objetivo, tras estas acciones el Estado habría recaudado menos de lo potencial. En lo particular Longueira y Orpis son investigados por presuntos cohechos, dado que habrían recibido aportes de privados aun ejerciendo en el Estado. Se presume que a cambio de estos aportes ellos habrían administrado y legislado a favor de intereses empresariales. Dado esto, el perjuicio sobre la sociedad chilena podría ser superior a la simple menor recaudación fiscal.

 

 

 

 

 

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Matías Godoy Mercado

Director de Economía para todos – www.economiatodos.cl

 

 

 

 

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