Los incendios y la economía

  • Director de Economía para todos – www.economiatodos.cl

En economía debemos distinguir dos clases de costos: los privados y los sociales. Los primeros hacen mención a los esfuerzos directos necesarios para producir un bien o proveer un servicio. Piense, por ejemplo, en el costo monetario de instalar una fábrica, inversión que se materializará sólo si con la venta de la producción generada se logrará lucrar. Sin embargo, los costos privados no consideran los efectos adversos que una inversión podrá tener sobre terceros. Piense que una fábrica contamina, pudiendo generar cuantiosos daños sobre el ecosistema.

Dado esto, quizá la inversión sólo deba materializarse si los beneficios monetarios (tanto para dueños, trabajadores y sociedad) son superiores a los daños por contaminación ocasionados a terceros. Sin embargo, cuando ese daño no afecta a quienes invierten, aquello no suele considerarse como costo.

Ante esta errónea toma de decisiones cobra relevancia el rol del Estado en una economía. Son las autoridades quienes, desde las instituciones y con las facultades que les otorga la legislación vigente, deben velar para que los costos sociales sean considerados. A partir de impuestos correctivos, como el de alcoholes o tabacos, se puede desincentivar el consumo de bienes perjudiciales para la sociedad, o bien, a partir de permisos, cuotas, concesiones o licitaciones, se puede regular cuántas fabricas serán construidas en el país, considerando la contaminación y otras externalidades. Por más buena voluntad que exista, corporaciones o fundaciones sin fines de lucro no tienen tan altas facultades.

La ola de incendios que azota el país nos invita a reflexionar cómo el Estado previene, controla y atiende catástrofes naturales.

Si bien no es capaz de impedir alguna de ellas, debe ser capaz de disminuir las probabilidades de ocurrencia, mitigar daños y atender sus urgencias.

Lamentablemente los recientes sucesos nos revelan no sólo que el Estado no desempeña una gran labor en esta materia, sino que confía en la voluntariedad de privados la reacción ante escaladas como las de que hemos sido testigos. La donación de aviones, la participación de personal no remunerado (bomberos) y la aparente deficiente fiscalización a empresas que podrían haber causado siniestros por no cumplir estándares medioambientales, nos obligan a cuestionar un Estado y a una economía que no considera los costos sociales de vivir en un país como Chile.

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