Piden investigar a Alan García y a PPK en caso Odebrecht

La Contraloría de la República detectó que la Línea 1 del Metro de Lima tuvo un perjuicio para el Estado de 109 millones de dólares.

Por AFP

La Procuraduría anticorrupción de Perú dio nuevos pasos en las pesquisas del escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht al pedir a la Fiscalía que investigue al ex presidente Alan García y al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), por presuntas irregularidades.

La procuradora (abogada del Estado) ad hoc para el caso Odebrecht, Katherine Ampuero, confirmó en una conferencia de prensa la denuncia contra Alan García por el presunto delito contra la administración pública, a raíz de los sobornos recibidos por ex funcionarios de su segundo Gobierno (2006-2011) para la construcción de dos tramos de la Línea 1 del Metro de Lima.

"Hemos formulado una denuncia por delitos contra la administración pública porque hemos recabado suficientes elementos de convicción que sustentan se abra una investigación", afirmó Ampuero.

Alan García. AFP

La denuncia presentada ante la Fiscalía Coordinadora de las Fiscalías Especializadas de Corrupción de Funcionarios también incluye al ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y al ex director ejecutivo del proyecto del Metro de Lima, Oswaldo Plasencia.

Precisamente, los primeros detenidos por los sobornos de Odebrecht en Perú fueron el viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, el ex funcionario, Miguel Navarro, y el ex presidente del comité de licitación, Edwin Luyo, por la presunta recepción de 7 millones de dólares en sobornos para la ejecución de la Línea 1 del metro.

Asimismo, la procuradora ad hoc solicitó al fiscal, Pablo Sánchez, que se abra "una investigación preliminar por supuestas operaciones sospechosas y aportes de la empresa Odebrecht Latinvest Perú a favor de la empresa Latin America Enterprise, la cual estaría vinculada al señor presidente".

Investigaciones a PPK

Pedro Pablo Kuczynski. AFP

El pedido para investigar a Kuczynski se basa, según adelantó el fin de semana el diario Correo, en una Nota de Inteligencia en la que aparece el nombre del mandatario entre 69 personas con operaciones sospechosas en sus cuentas bancarias y un reportaje periodístico donde se afirma que hubo depósitos a la firma Latin America Enterprise.

Asimismo, Ampuero adjuntó, según el diario, el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que encontró aportes de Odebrecht durante la campaña electoral del año pasado a diversos candidatos, entre los que estaría Kuczynski.

La Contraloría de la República (tribunal de cuentas) detectó que la Línea 1 del Metro de Lima tuvo un perjuicio para el Estado de 109 millones de dólares.

Por su parte, el Gobierno peruano rechazó el pedido de la Procuraduría por estar basado en reportes periodísticos y sugirió que haga correcciones en su actuación.

"Somos abogados del Estado, no del Gobierno de turno, que quede claro que se hace en estricto cumplimiento de nuestra labor", subrayó Ampuero.

La reacción de García

Tras la conferencia de prensa, el ex presidente García reaccionó desde España, a través de su cuenta en Twitter, pidiendo que "investiguen lo que quieran. Así quedará claro que otros presidentes cobraron pero Alan García no".

El ex mandatario vive en España desde el año pasado y hace unas semanas estuvo en Lima para responder a un interrogatorio de la Fiscalía sobre el contrato firmado con Odebrecht para la construcción del Gasoducto Sur Peruano adjudicado en el Gobierno de su sucesor, Ollanta Humala, en 2014.

El conglomerado brasileño Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que entregó 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 en Perú para adjudicarse obras públicas, en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Toledo tiene una orden de detención por presuntamente recibir una coima de 20 millones de dólares para la construcción de la carretera Interoceánica sur, mientras que Humala y su esposa Nadine Heredia son investigados por presuntos aportes a su campaña electoral en 2011.

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