Corte acoge recurso de protección y prohíbe nuevas tomas en el Instituto Nacional

Por Publimetro

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por padres y apoderados de un grupo de alumnos del Instituto Nacional en contra de la Municipalidad de Santiago, el rector de dicho establecimiento y alumnos por  la serie de tomas que se han realizado en el establecimiento y los protocolos que autorizan este tipo de acciones.

En fallo dividido la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Juan Escobar y Marisol Rojas, además del abogado Joel Gonzalez- acogió los recursos presentados por considerar que las tomas del establecimiento violan el derecho a libertad de enseñanza de los recurrentes, entre otras garantías constitucionales.

“Los estudiantes recurridos deberán abstenerse de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones de las actividades escolares como así también que se materialicen las mismas”, estableció la Corte de Apelaciones.

Además, el fallo ordena a la alcaldesa Carolina Tohá, en su calidad de sostenedora del Instituto Nacional José Miguel Carrera, a adoptar oportunamente todas las medidas necesarias ante eventuales nuevas tomas para “garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar”, según informó el Poder Judicial.

“La imposibilidad fáctica que impone una toma de asistir a clases y recibir educación conculca las garantías constitucionales de libertad de enseñanza, derecho de propiedad en relación con el derecho a la educación y la integridad psíquica y física de los recurrentes; dichas garantías se han visto perturbadas por las tomas ya realizadas y amenazadas por futuras tomas, cuestión que se ve corroborada por la jurisprudencia uniforme y reiterada desde hace tres décadas de nuestro más alto tribunal que ha sostenido”, establece el fallo.

De este modo, al acogerse el recurso, “se deja sin efecto el ‘protocolo’ suscrito por la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago y los estudiantes, debiendo abstenerse de firmar cualquier documento que fije condiciones o requisitos para la procedencia y mantenimiento de tomas o paralizaciones referido al establecimiento educacional”, según el dictamen.

La medida de protección fue interpuesta por los apoderados el 31 de julio y su objetivo era que tanto la edil comunal como el rector del colegio no “facilitaran” las ocupaciones por parte del alumnado.

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