- Profesora
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Si a usted le abren la cartera o la mochila en la calle y le sacan algo, ¿necesita que un abogado o un juez le diga que eso es un robo? Lamentablemente, el Gobierno tiene muchas dudas sobre el significado de la palabra “terrorismo”. Por ejemplo, después de muchos titubeos, el Gobierno se decidió a reconocer lo que para cualquiera persona con sentido común era evidente: el atentado con bomba que sufrió en su casa el presidente de Codelco fue un acto terrorista.
Si el diccionario define “terrorismo” como la “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”, ¿cómo llamaría usted a los incendios de decenas de capillas y templos en La Araucanía, casas, campos, maquinarias y que han provocado incluso la muerte de personas? ¿Violencia rural o terrorismo?
Anteayer, tras un ataque incendiario en Cañete, murió quemado don José Retamal, un trabajador de 48 años. Su hija dijo: «No tengo palabras en verdad para expresar el dolor que siento en este momento. A las personas que hicieron esto… no sé si llamarlas personas o no, no ven el dolor de la familia que hay detrás. Él solamente cumplía con su trabajo (…) no merecía morir así…». Entre las cenizas encontraron un panfleto que dice: «Si no fue a la buena será por las malas, entreguen nuestras tierras, nos pertenecen, nos cansamos de esperar luchando por lo nuestro». ¿Violencia rural o terrorismo?
Pero la debilidad del Gobierno frente al terrorismo no debería sorprender a nadie.
En 2013 cuando el matrimonio Luchsinger Mackay fue brutalmente asesinado en Vilcún, Bachelet, entonces candidata presidencial, señaló frente a este crimen: “No necesitamos la Ley Antiterrorista”. Frente a esas palabras, el ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick anticipó lo que hoy estamos viviendo: “Me preocupa más el país hacia el futuro si ella llegase a ser Presidenta de la República que tenga esos conceptos, porque lamentablemente eso va a traer consigo que la acción extremista siga desarrollándose y teniendo facilidad en el país”.
Por eso tampoco extraña la actitud vacilante y contradictoria del Gobierno frente a la machi Linconao, formalizada por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista del matrimonio Luchsinger Mackay. Contradictoria porque mientras el Gobierno actúa contra la machi en el juicio, al mismo tiempo, el intendente de La Araucanía y la subsecretaria de la Mujer le expresan su simpatía, visitándola.
Incendiar casas o atentar contra la vida de una persona en Santiago tiene la misma gravedad que hacerlo en La Araucanía. Cuando las autoridades y los jueces aplican con el mismo rigor la ley en Santiago y en La Araucanía, hay estado de derecho. Entonces, cabe preguntarse: ¿el Gobierno habría invocado la ley antiterrorista si la bomba al Sr. Landerretche la hubiesen enviado desde La Araucanía? ¿O sería un caso de “violencia urbana”?
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