- Presidenta de Fundación Tacal
El 21 de marzo, la Cámara de Diputados conoció y aprobó -en cuarto trámite- los acuerdos de la Comisión Mixta para convertir en ley la norma que incentiva la inclusión al mundo laboral de las personas con discapacidad, estableciendo una reserva legal de empleos en el sector público y privado.
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Siempre señalé que el porcentaje aprobado no era importante, porque lo realmente meritorio era el conocimiento que se generaría en la empresa y el sector público, donde advirtieran -sin prejuicios- el potencial y capacidades de las personas con discapacidad. A mis ojos, éste era un gran paso, para fortalecer políticas públicas y ser un país sin diferencias.
Pero, leí el articulado. Y me sorprendí…
Lo primero que me asombró es que se establecieron excusas para servicios públicos y para empresas a las que se les permite no cumplir con la contratación del 1% de personas con discapacidad. Me asaltó una infinidad de preguntas.
¿Por qué nos jactamos que somos iguales ante la ley, si ante una norma que avanza hacia la inclusión marcamos la diferencia? ¿Por qué en las Fuerzas Armadas sólo pueden contratar personas con discapacidad que sean civiles? ¿Por qué podemos pensar que no habrá personas interesadas para llenar un cupo si más del 15% de los chilenos tiene discapacidad? ¿Por qué una ley podría dar espacio a la donación o a una contratación de servicios de terceros, e impedir que lo más valioso que tiene la inclusión, el vivirla día a día, quede sólo como una elección?
Mi gran temor siempre fue el que una ley como ésta no lograra su objetivo y se convirtiera en letra muerta. Esto dependerá de todos.
Es cierto que la experiencia internacional sobre la materia, tras la implementación de normas en España y otros países de Europa, se abrió a medidas alternativas para empresas que no lograron los cupos dispuestos. Pero, también es cierto que esto fue parte de un proceso en el que se dieron cuenta que los plazos de implementación y la obligatoriedad de contar con asesorías y apoyos de organizaciones que se dedicaran a la inclusión laboral, no habían sido consideradas.
En Chile, la ley propuesta no contempla la asesoría en inclusión laboral para garantizar una efectiva implementación de ésta. Fundación Tacal es una de las instituciones donde los profesionales pueden acompañar a la empresa y a las personas con discapacidad en el proceso y hacer que esta ley marque un antes y un después en el país.
Quiero declarar con convicción que no hay diferencias entre personas con y sin discapacidad; me la juego para que las competencias sean el criterio que prime en una entrevista laboral. Espero que esta ley sea un gran paso en el proceso de avanzar hacia un Chile inclusivo. ¡Hagamos las cosas bien!
*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.
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