Coherencia entre lo que se predica y lo que se practica

Por Andrea Zondek
  • Presidenta de Fundación Tacal

La ley de “inclusión escolar” ha generado mucho ruido, especialmente porque hay escuelas que dejan de ser subvencionadas y hoy pasan a ser privadas o se transforman en fundaciones y pasan a ser escuelas públicas. Un número de ellas también ha optado por cerrar sus puertas, tal como lo señaló un artículo en un diario de circulación nacional esta semana.

Así las cosas, al leer los diarios o escuchar las críticas, pareciera que el problema de esta ley es sólo el tema del lucro. Sin embargo, entre sus articulados establece una contradicción vital con el espíritu de la norma y que atenta contra la inclusión; instaura que "las escuelas especiales o que tengan cupos para estudiantes con necesidades educativas especiales, podrán seguir desarrollando sus propios procesos de admisión".

¿A nadie le llama la atención que una ley de “inclusión escolar” permita discriminar a los niños con discapacidad? ¿Nadie ha alertado que los únicos niños que pueden recibir legalmente un trato discriminatorio son los que tienen discapacidad? Los únicos niños que pueden ser seleccionados son ellos. Todos los demás, si postulan y hay cupos, deben ser integrados a la escuela.

¿Es que hay niños y niñas de primera y segunda clase en este país? ¿Qué nos pasa como gobierno y como Parlamento que permitimos y autorizamos por ley dicha exclusión? A mí en lo personal me indigna que existan personas que se “llenen la boca” con la inclusión y al momento de legislar no tengamos la mínima coherencia sobre lo que ello significa ni nadie se movilice para evitar esta injusticia.

Son miles de madres y padres que peregrinan de una escuela a otra buscando oportunidades de educación para sus hijos. Lamentablemente, como país estamos muy lejos de ser inclusivos. Nos creemos los “mejores del barrio”, pero con estos hechos queda claro que estamos muy lejos de serlo.

Como sociedad no podemos aceptar que la inclusión se convierta sólo en un tema declarativo para el Estado chileno. Es necesario legislar para equiparar oportunidades. Más aún cuando en las cifras sobre educación y discapacidad estamos al debe. Sólo a modo de ejemplo, 1 de cada 2 niños con discapacidad termina octavo básico.

Chile necesita un Parlamento que de verdad esté interesado en legislar en favor de las personas y ojalá de las más vulnerables, con un enfoque en derecho, entendiendo que el objetivo es “emparejar la cancha”.

Hoy se acercan las elecciones, tendremos miles de peticiones para que votemos por uno u otro candidato. Debemos ser responsables y entregar nuestro voto a quien de verdad cumpla con lo ofrecido. Que no tenga contradicciones como las que he señalado y que al final del día sea coherente con lo que predica y lo que luego practica. Así, en el corto plazo, espero que alguno de esos nuevos legisladores corrija este trato discriminatorio en una mal llamada ley de inclusión.

*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.

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