- Raúl Sohr, analista internacional
Luiz Inácio Lula da Silva conoce los caprichos de la rueda de la fortuna. Dejó la presidencia, en 2010, con una popularidad avasalladora: 87 por ciento de aprobación, transformado en el político más valorado de Brasil. El miércoles, sin embargo, recibió una condena de cárcel de nueve años y seis meses además de una petición para inhabilitarlo para ejercer todo cargo público por el doble de su condena: 19 años. Si se cumple la sentencia podría volver a un cargo electivo a los 90 años. Se le imputa haber recibido algo más de un millón de dólares para modernizar un departamento con vista al mar. A cambio, la empresa constructora habría recibido contratos de Petrobras, la compañía petrolera estatal.
Ahora, su futuro político depende de su apelación a otras instancias judiciales. Si la sentencia del juez Sergio Moro es refrendada, Lula no podrá ser candidato presidencial en octubre de 2018. Pese a su delicada situación Lula es el político favorito para ganar los comicios. Según la última encuesta, publicada el 26 el junio, Lula ganaría la primera vuelta con 30 por ciento de las preferencias frente al 16 por ciento del derechista Jair Bolsonaro y el 15 por ciento de la ecologista Marina Silva.
La popularidad de Lula responde al sólido crecimiento económico durante sus dos mandatos (2003-2010). Su figura está asociada a programas de ayuda como la Bolsa Familia destinada a los más pobres. La desigualdad en Brasil está entre las mayores en el mundo. Bajo sus gobiernos decenas de millones de brasileños salieron de la pobreza. Su figura está asociada a uno de los mejores períodos del país. Algo que además le ha valido un amplio reconocimiento internacional.
El Partido de los Trabajadores (PT), que llegó al gobierno encabezado por Lula, confiaba que la creciente popularidad del ex presidente gravitaría a su favor frente a la justicia. Otros, con más realismo, estimaban que pese a la ausencia de pruebas la condena del juez Moro era previsible. El magistrado se ha erigido en adalid de los sectores que depusieron a la presidenta Dilma Rousseff. Muchos en la derecha y los sectores empresariales lo postulan como un posible candidato presidencial. Moro, en todo caso, ha declinado hasta el momento semejante posibilidad.
Brasil vive una aguda lucha social. La condena tuvo lugar al día siguiente que el Senado aprobó una ley de reforma laboral que disminuye de manera sustantiva el poder de negociación de los sindicatos, elimina los convenios colectivos, sube el número de horas de trabajo y deteriora la calidad de los empleos.
Hay quienes acusan al presidente Michel Temer de llevar adelante una contrarreforma desmantelando muchas de las conquistas sociales y sindicales logradas bajo los sucesivos gobiernos del PT. En todo caso la impopularidad de Temer, investigado a su vez por coimas e irregularidades, ha tocado fondo con una aprobación de siete por ciento. Lula, por su parte, declaró desafiante: “Si la élite de este país no sabe arreglarlo, a lo mejor va a tener que hacerlo un metalúrgico con estudios de primaria”.
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