La acusación contra Michel Temer, el presidente sustituto, no logró los 342 votos para iniciar el proceso de destitución del sucesor de Dilma Rousseff. La oposición consiguió 227 votos a favor de que fuera investigado por corrupción, pero 264 diputados se opusieron. La reacción del empresariado fue de evidente júbilo: las acciones de la bolsa de valores de Sao Paulo subieron un 1%. Temer tiene el logro de haber conseguido la flexibilización laboral que anula importantes conquistas sindicales. Ahora el reto para su gobierno es aprobar una reforma previsional.
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Este fue el segundo obstáculo sorteado por Temer. En junio el Tribunal Superior Electoral rechazó, por un voto, una demanda por financiamiento ilegal de la campaña Dilma Rousseff-Michel Temer de 2014. En esta oportunidad, Rodrigo Janot, el procurador general, denunció que Temer habría recibido coimas de los dueños de la enorme industria cárnea JBS , los hermanos Joesley y Wesley Batista, pagadas a través de un asesor presidencial. Como base de la acción penal, Janot presentó la grabación que Joesley Batista hizo en forma secreta de una conversación con Temer en marzo. En ese audio, el presidente daba su aprobación para el pago de sobornos al encarcelado ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, para evitar que colaborara con la justicia en investigaciones anticorrupción del mega escándalo conocido como el Lava Jato.
A estas alturas, Temer es repudiado por la abrumadora mayoría de los brasileños. Apenas 5% de los encuestados aprueba su gestión. Según la empresa encuestadora Ibope, el 81% de los consultados apoyaba la denuncia del procurador. Para que no quedasen dudas, el 79% estimó que los que votaron contra la demanda son «cómplices de corrupción».
En su defensa, Temer denunció a aquellos que intentan dividir a los brasileños. Sus aliados plantearon que era un momento inconveniente para remover al presidente pues ello causaría mayor inestabilidad al país. Es un argumento sorprendente por parte de aquellos que propugnaron la política de que lo peor era lo mejor, durante la fase de deposición de la presidenta Rousseff. Entonces, la lógica del grupo de parlamentarios tras la acusación constitucional era que mientras peor le fuera al país antes removerían a la mandataria.
La legitimidad, uno de los valores más preciados en política, es hoy un bien muy escaso en Brasil. Lo deseable sería llamar a elecciones generales y que la ciudadanía dirima quiénes deben gobernar el país. Pero ello desbancaría a quienes hoy ejercen el poder. Según las encuestas, el político mejor posicionado para vencer en los próximos comicios es el ex presidente Lula, militante del Partido de los Trabajadores al igual que Rousseff. Para los gobernantes actuales ello implicaría volver a foja cero.
También en Venezuela la salida a la aguda crisis que sacude al país debería superarse mediante elecciones generales. Nadie más que la ciudadanía es la depositaria de la soberanía política: “Vox populi, vox Dei” o “La voz del pueblo es la voz de Dios”.
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