- Presidenta Fundación Tacal
“Del dicho al hecho hay mucho trecho” es un buen refrán para ejemplificar lo importante que puede ser el cómo se implementa una ley. Este es el caso de la ley de cuotas de inclusión laboral, que entrará en vigencia en diciembre.
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¿Qué falta para que opere en plenitud? El Reglamento. Este documento que establece cómo se llevará a la práctica, está en redacción en los ministerios del Trabajo, Hacienda y Desarrollo Social y, créanlo, hará la diferencia cuando la ley opere.
Quiero rescatar las voces de quienes trabajamos en el tema, y que a través de instancias como Red Incluye, hemos puesto la alerta sobre los puntos que este Reglamento deber considerar.
Es importante eliminar la barrera del 8º básico como requisito para postular a instituciones públicas, dado que las escuelas especiales no tienen homologación con estudios tradicionales; descartar que la discapacidad sea un obstáculo al considerar la compatibilidad de salud en la selección de organismos del Estado, porque la discapacidad no es un problema de salud, y que los servicios públicos no señalen como razón fundada la ausencia de cargos disponibles cuando exista ampliación de plantas, porque siempre hay alguna persona con discapacidad con las competencias para desarrollar el cargo. Sólo hay que hacer llamados inclusivos.
Es necesario establecer que ningún organismo estatal debe declarar como causa para no contratar a una persona con discapacidad, problemas de accesibilidad en recintos, dado que la Ley 20.422 lo exige; además, no sólo pueden acceder a los cargos personas que requieran adecuaciones. La discapacidad es diversa y, por supuesto, puede haber personas que no requieran accesibilidad universal para poder desempeñarse en una empresa.
Dejar claramente determinado quién acreditará que un cargo no es compatible con una discapacidad. Proponemos que lo hagan las mutuales, Suseso y el ISL, cuando cuenten con profesionales que conozcan de discapacidad y empleo. Consideramos relevante aclarar el número de contratos que las empresas pueden establecer con terceros por prestación de servicios para dar cumplimiento a la ley.
Por último, desde Fundación Tacal insistimos en que sólo las organizaciones que trabajan activamente en intermediación laboral deberían dar fe que no hay interés de las personas con discapacidad para postular a una vacante. Esto considerando que instituciones como la nuestra y las de Red Incluye, deben ser vitales en todo el proceso de inclusión laboral; no hay que olvidar que la inclusión se debe vivir, si eso no ocurre la ley será letra muerta. El objetivo final no es cumplir una cuota en una empresa, el objetivo es dar pasos para cambiar una cultura de exclusión a una cultura inclusiva.
*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.
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