A fines de enero el Congreso aprobó y despachó definitivamente la reforma de la Educación Superior que consagra la gratuidad como un derecho. Gracias a esto, las familias del 60% de menores ingresos de la población, cuyos miembros estudien en universidades adscritas a este beneficio, no deberán pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la carrera.
El recorrido para que se aprobara la reforma a la Educación Superior no fue corto. Comenzó durante el 2016 para poder llegar hasta este momento. Ese año se dio un nuevo escenario en Chile ya que además de las becas, créditos y beneficios estudiantiles recibidos por los grupos socioeconómicos más vulnerados, se sumó la incorporación de la gratuidad a los sistemas de financiamiento.
¿Cuál es el argumento de base para que se haya implementado la gratuidad, se preguntarán algunos? Y la respuesta es muy lógica: si queremos construir una sociedad inclusiva para todas y todos los jóvenes, sin importar su origen o condición socioeconómica, estos deben tener las mismas oportunidades de acceder a una educación superior de calidad. La educación superior es un derecho, por lo que no debe depender de la capacidad de pago de las familias, sino del mérito y del esfuerzo del estudiante.
Son 262.160 alumnos hoy los que estudian de manera gratuita, es decir, un chico o chica de cada cuatro de la educación superior puede lograr el sueño de titularse y no tener que pagar nada, esto corresponde aproximadamente al 25% de la matrícula. Y acá viene la buena noticia entregada por el Mineduc hace un mes; el 93% de los estudiantes que pudieron ingresar el 2016 a la educación terciaria gracias a la gratuidad, se mantiene estudiando, ya sea en la misma carrera y plantel, o se ha cambiado pero no ha abandonado el sistema.
Antes, en la educación superior, la inequidad no sólo se veía reflejada en los sistemas de acceso y financiamiento, sino que también se observaba en la permanencia de estos estudiantes en los programas de estudio y en la titulación de las carreas. La deserción imposibilitaba que se cumpliera la promesa de movilidad social a través de la obtención de un título profesional. Pero hoy vemos los frutos de la puesta en marcha de la gratuidad y los datos no mienten. La gratuidad es una buena política para mejorar las capacidades y oportunidades para toda la población chilena.
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