Un proceso de regularización no tan extraordinario

Por Bernardo Navarrete
  • Académico del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile

El aumento de los flujos migratorios en Chile ha sorprendido a nuestro país sin un marco regulatorio acorde para el actual contexto de globalización. En ese sentido, no debe extrañar que, ahora, nos encontremos en un tercer proceso de regularización.

Nuestras autoridades políticas olvidan que el fenómeno migratorio se correlaciona directamente con la existencia de desequilibrios regionales a escala global, y nada hace pensar que esta tendencia vaya a desaparecer o disminuir en el corto plazo. Las migraciones seguirán siendo una de las respuestas personales y colectivas mayoritarias, generando un movimiento de personas hacia nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades.

En el marco regulatorio internacional, el derecho de migración es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ésta, se dice: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” (Art. 13, Inciso 1). Sin embargo, no existe el correspondiente acuerdo respecto al reconocimiento internacional del “derecho a la entrada”. Por el contrario, entre los países existe un consenso universal, y tácito, sobre el derecho de cualquier Estado a restringir la entrada de extranjeros en su territorio. Así, todos los países receptores restringen la entrada y son las políticas de los países de acogida las que determinan si el desplazamiento puede ocurrir, y de qué manera.

Este derecho puede ser considerado como un mecanismo básico de las sociedades para mantener su integridad, ya que la migración internacional es observada como una de las fuerzas que erosionan el poder del Estado, como un problema, algo que hay que controlar e, incluso, frenar. De ahí que las políticas restrictivas de admisión hayan proliferado en el último tiempo.

Sin embargo, el endurecimiento de los controles fronterizos en los estados, antes que frenar la migración, lo que han hecho es impulsar las migraciones clandestinas o no registradas y el tráfico de personas, tema que en Chile se empieza a observar en la frontera con Perú y Bolivia.

La regularización es necesaria en nuestro país, que cuenta con una ley muy atrasada en la materia, pero no debe ser el centro de las políticas públicas en materia migratoria. Se trata sólo de un primer paso. La preocupación que debe guiar las decisiones en esta problemática debiera estar puesta en los derechos aparejados a esta población.

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