- Analista internacional
Chile no tiene una obligación de negociar con Bolivia una salida al océano Pacífico. Ese fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Todos y cada uno de los argumentos jurídicos bolivianos fueron desechados. Tras cinco años de litigio ¿cambió algo? Nada. La CIJ reafirma que las cosas siguen tal como estaban. En los hechos, sin embargo, Santiago sale fortalecido con un valioso capital intangible: la legitimidad. Los esfuerzos internacionales de La Paz por conseguir aliados para salir al Pacífico, a través de Chile, han sufrido un serio revés.
Es la segunda vez que la CIJ considera demandas contra Chile. La anterior fue la interpuesta por Lima por las fronteras marítimas. En esa ocasión la Corte concedió soberanía al Perú de una remota zona de alta mar que en poco alteraba el statu quo. Fue también un largo y áspero pleito que tuvo un alto costo financiero. Cada parte desembolsó más de 20 millones de dólares. Los países debían exponer sus argumentos en inglés o francés, las lenguas oficiales de la corte, a través de onerosos abogados y ante jueces de toga y peluca.
Surgieron entonces voces que aconsejaban abandonar el Pacto de Bogotá que data de 1948. El tratado apunta a que los países miembros superen los conflictos por medios pacíficos. La pertenencia al Pacto confiere jurisdicción a la CIJ. Luego que La Paz siguió el ejemplo peruano e interpuso su demanda, creció la propuesta de que Chile dejase el Pacto apenas fuese posible. El quinquenio de litigio absorbió muchas energías de ambas cancillerías. En lo que toca a Santiago, los costos excedieron los 24 millones de dólares. La Paz optó por mantener sus gastos bajo reserva.
Más allá de las divisas y las molestias, ¿conviene retirarse del Pacto de Bogotá? Las naciones pequeñas, como Chile, que no disponen de gravitación económica que les permita aplicar sanciones o grandes arsenales, son las más interesadas en una estructura de derecho internacional a la cual apelar. Las grandes potencias, por el contrario, son las más proclives a imponer reglas del juego de manera unilateral. Mientras menos tratados y compromisos, mayor libertad de acción. Latinoamérica ha contribuido a generar una jurisprudencia de respeto a la resolución pacífica de los diferendos. Es la región del mundo con menos conflictos interestatales. Siempre será preferible un mal pleito a una buena guerra. Baste con considerar que las dos reclamaciones contra Chile derivan de la Guerra del Pacífico del siglo XIX. Las cicatrices bélicas son de muy lenta cura y nunca son olvidadas del todo. De allí que está en el interés de toda la región fortalecer la arquitectura de paz internacional. Ello pasa por aportar y respetar la institucionalidad construida a lo largo de décadas. En oportunidades, las obligaciones y protocolos pueden parecer gravosos. Pero los árboles no deben hacer perder de vista el bosque o, si se prefiere, obstáculos circunstanciales no deben obscurecer una visión estratégica. El multilateralismo conviene a los más débiles. El sistema de justicia internacional, de las Naciones Unidas, es un recurso ante procederes hegemonistas. No es una garantía a toda prueba, pues si una superpotencia decide ignorarla lo hará. Pero los transgresores pagarán un costo. El Pacto de Bogotá y la CIJ contribuyen a que Latinoamérica sea una zona de paz.
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