- Académico del Centro Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile
Según hemos conocido por la prensa, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del año pasado muestra que la inmigración subió un 67% en dos años, destacándose la proveniente de países del continente, como Venezuela y Haití. Este aumento instala una discusión que se ha radicado principalmente en el mundo académico, pero que requiere ser asumida, también, por la ciudadanía.
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Los dilemas liberales. Estos dan cuenta de la siguiente contradicción: el derecho de toda persona a emigrar (tal como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos) versus la facultad de todo Estado de aceptar o no a los inmigrantes, asimetría que aumenta cuando se observa la diferencia entre la libertad de movimiento de las mercancías, el dinero y los servicios, pero no el de las personas. Se constata así, que mientras más aumentan las personas que desean emigrar, los controles y obstáculos estatales son cada vez más duros para ejercer un “derecho liberal básico”, tal como reconocía el experto español Zapata-Barrero.
¿Cuál de los intereses en juego tiene mayor relevancia moral: el interés del Estado o el interés del inmigrante que desea entrar?
Si la emigración es un asunto de Derechos Humanos, la inmigración es materia de soberanía nacional. Para un liberal, la inmigración consiste en reconocer la libertad de emigrar como un derecho humano fundamental, pero esta libertad de migración no implica que un “extranjero” tenga el derecho a ir donde le plazca, sino a un lugar en donde se le quiera recibir.
Cada Estado tiene la autoridad moral para admitir o excluir a los extranjeros a su arbitrio, ya que dicha autoridad es esencial a la soberanía estatal. El interés nacional es el criterio privilegiado para estructurar políticas de acceso e integración, y toda iniciativa de política, desde esta perspectiva, considerará el interés de la nación en términos demográficos, económicos y sociales.
Sin embargo, en un mundo justo, ¿qué derechos tiene una comunidad política de limitar la inmigración y qué derechos tienen las personas de moverse libremente a través de las fronteras e instalarse donde quieran? En estos términos, se justifica moralmente el libre movimiento de personas.
Teniendo en cuenta que ambas aproximaciones parten de posiciones morales, pareciera que una primera respuesta al dilema se encuentra en considerar que cada una de las perspectivas en juego, con sus respectivas oposiciones, sirven para detener las tendencias de la otra.
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