- Analista internacional
Un país no puede tener dos presidentes que se proclaman como el auténtico jefe del Estado. Es lo que ocurre hoy en Venezuela con Nicolás Maduro, líder del oficialismo, y Juan Guaidó, representante de la oposición.
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El gobierno de un país es aquel que controla su territorio. Es el que ejerce la autoridad en las fronteras y el conjunto de la infraestructura. Éste es un bien establecido protocolo en las relaciones internacionales. En ese sentido, hoy hay un solo gobierno efectivo en Venezuela y es el de Maduro.
Guaidó, en su condición de presidente de la electa Asamblea Nacional, se auto juramentó como “presidente encargado”. Su propuesta es crear un gobierno de transición para convocar a nuevas elecciones. Antes de desconocer la primera magistratura de Maduro postuló que, para tener éxito, debía cumplir con tres requisitos: primero, contar con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Algo difícil de establecer sin concurrir a las urnas. Segundo, tener respaldo internacional. En este campo ha tenido una acogida contundente por parte de la mayoría de las naciones del hemisferio, encabezadas por Estados Unidos. El tercer y decisivo requisito es contar con el apoyo de las fuerzas armadas.
Como suele ser el caso, la opinión de los militares tiende a manifestarse a través de sus acciones. Se sabrá de una rebelión contra Maduro cuando los blindados estén en las calles. Hasta entonces, como ahora, los uniformados serán una caja negra. Los rumores abundan y ello es característico de situaciones de extrema tensión como las que vive Venezuela.
La crisis venezolana se ha arrastrado por años. A lo largo de decenas de elecciones fue disputada la legitimidad de las victorias oficialistas. Aunque no fueron aportadas pruebas contundentes que ése fuera el caso. El gobierno, a su vez, cambió en forma arbitraria las reglas del juego en más de oportunidad. Una práctica violatoria de principios democráticos que se hizo más pronunciada en los últimos años.
Es comprensible que los países hemisféricos quieran contribuir a una salida política y pacífica a un país ahogado por una economía desquiciada. Una inflación galopante y un desabastecimiento que daña a los más necesitados ha provocado una emigración masiva: unos 2,4 millones de venezolanos, siete por ciento de la población, han dejado el país en los últimos años.
Sorprende, en todo caso, la asertividad de países latinoamericanos que nada tuvieron que decir ante el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en 2009, en Honduras, o las destituciones de Fernando Lugo en Paraguay, en 2012, y la de Dilma Rousseff en Brasil, en 2016. La actitud militante adoptada en Sudamérica por Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú al reconocer, en un mismo día, la proclamación presidencial de Guaidó, insinúa un guion inspirado por una opción ideológica antes que por principios.
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