* Analista internacional
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Los escándalos han dominado la presidencia de Donald Trump. Desde acusaciones sobre acoso sexual a negociados financieros, de interferencias electorales a colusión con potencias extranjeras. El mandatario, por una razón u otra, ha estado en las primeras planas a lo largo de sus tres años de gobierno. Ello lo ha convertido en el centro de atención obligado de sus compatriotas. Hay un decir entre las estrellas de Hollywood: “No importa lo que digan de mí, siempre que escriban bien mi apellido”. Nada más deprimente para quienes buscan más la fama que el anonimato. Lo que importa es figurar. Y esta postura está en el centro de la estrategia política de Trump.
Ahora comienza una nueva saga. El presidente es acusado de haber suspendido 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, país que está en conflicto abierto con Rusia. La retención de los fondos apuntaría a presionar a Kiev para que investigase las actividades de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, uno de los candidatos a la presidencia por el opositor Partido Demócrata y vicepresidente de Barack Obama. Hunter Biden habría obtenido cientos de miles de dólares como director de una empresa petrolera ucraniana. Trump, según sus acusadores, preparaba un as bajo la manga para esgrimir contra el candidato demócrata que lidera las encuestas.
Esta situación llevó al Congreso a iniciar un proceso de impeachment, acusación constitucional, bajo la premisa de que el presidente utilizó fondos públicos para presionar a un país aliado. Ello, con la meta de obtener información para atacar a un adversario político, y así alterar el curso de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 2020.
El resultado de la acusación es incierto. Desde ya Trump se victimiza declarando que es objeto de una cacería de brujas llevada a cabo por extremistas de izquierda. Pone el eje de la carrera electoral en su persona a la par que daña la reputación de su principal contendor. Joe Biden deberá responder por las acusaciones de tráfico de influencia. El tema dominará la cobertura mediática por algún tiempo. El debate sobre salud, inmigración y otros temas sociales quedará postergado.
En cuanto al enjuiciamiento parlamentario, Trump no tiene nada que temer. La última palabra sobre la acusación constitucional la tiene el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría simple. Además se requieren dos tercios de los votos para forzar la salida de un presidente. No existe el menor viso que ello pueda ocurrir. En el intertanto, Trump reforzará su discurso populista: el hombre del pueblo que lucha contra las elites políticas que se confabulan en su contra. Negará toda culpa, como ya lo hace, señalando que le atribuyen intenciones, pero sin que existan pruebas concluyentes. En definitiva, serán las urnas, en noviembre del año entrante, las que tendrán la última palabra.
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