* Directora de Fundación Súmate
Reparar es el verbo que se conjuga en las escasas escuelas y aulas de reingreso con que cuenta el país. Reparar vidas, experiencias de trauma, rechazo, discriminación, abusos, trayectorias educativas quebradas… y faltan tantas más que reparar.
Apenas logramos restituir el derecho a la educación de un 2% de ellos. Los demás siguen teniendo una vida que no es vida: resignados a patear piedras en las esquinas, sobrevivir con empleos precarios o encontrar en el consumo de alcohol y de otras drogas un mal escape a la desesperanza. Otros –no pocos– corren el riesgo de ser utilizados por el narco o la delincuencia común, que saben cómo aprovecharse de la rabia, la exclusión y la vulneración de aquellos que no marchan ni votan y que, como diría Galeano, cuestan menos que la bala que los mata.
Ahora y en razón de la crisis social que atraviesa el país, en la discusión del presupuesto 2020 se han incluido nuevas urgencias que han dejado otra vez al final de la fila a los niños y jóvenes excluidos del sistema escolar. Están las demandas de sus padres por trabajo decente, de sus madres por salud, de sus abuelos por pensiones dignas. Frente a esa avalancha de necesidades mal resueltas o no resueltas, ¿quién puja por ellos?
El presupuesto 2020 para la modalidad de reingreso, modalidad educativa que esperábamos fuera sancionada como tal por el Consejo Nacional de Educación, lo que no ha sucedido, quedó igual que este 2019. Sólo alcanzará para los mismos y para que nosotros sigamos concursando por fondos cuando esta restitución de derechos educativos debería ser una política pública.
El ministro Ignacio Briones ha dicho que cuando una familia está en problemas, debe priorizar su presupuesto en función de lo más crucial y necesario. Aplicando el mismo criterio, acá se trata de que Chile favorezca a sus hijos más necesitados, para que recuperen lo que más probabilidades les da de salir de la pobreza: la educación, que es también lo que más los aleja de tomar caminos equivocados. Para el resto de la sociedad, ocuparse de esta juventud que se siente descartada es una inversión en seguridad y paz social. Si no nos importan por una cuestión ética, hagámoslo por simple pragmatismo.
Ojalá que en estas últimas semanas de discusión presupuestaria los parlamentarios se acuerden de estos 222 mil niños y jóvenes en su mayoría de extrema vulnerabilidad y pobreza, y se esfuercen por aumentar la glosa presupuestaria destinada a ellos, lo mismo que la oferta de financiamiento a proyectos de reinserción y reingreso escolar vía fondos concursables, que hoy financia un número muy bajo de iniciativas y lo hace en forma anual no renovable, lo que no garantiza la sustentabilidad de los proyectos. A esto se suma que la cobertura alcanzada no considera todo el territorio nacional, llegando sólo a una pequeña proporción de la población excluida. Aumentar la glosa y el monto para estos fondos, sería seguir el consejo del ministro de Hacienda: actuar como un padre consciente y apoyar a los hijos más débiles. Suena a Perogrullo y, de paso, a justicia. Ustedes, verán, señores congresistas.
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