En medio de la discusión por la despenalización del aborto en Argentina, el caso de una niña de 10 años embarazada tras ser violada por su padrastro abrió un fuerte debate, que derivó en el cambio de la legislación en Salta.
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El cazo se conoció la semana pasada, cuando la madre llevó a su hija a un control general de salud, donde se enteró del embarazo de la niña y los abusos a los que era sometida por parte de su padrastro.
Pero la polémica estalló debido a que pese a que en ese país el aborto está despenalizado en casos de violación, el 2012 el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, impuso una clásula que impedía realizar el procedimiento después de las 12 semanas y la niña ya tenía 19.
Agrupaciones feministas, encabezadas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, levantaron las banderas y presionaron a la autoridad para que derogara el decreto promulgado hace siete años.
Tras una semana de protestas y con el ojo de la polémica instalado sobre Salta, finalmente Urtubey cambió el protocolo.
“La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación”, dijo Urtubey en su cuenta de Twitter.
La decisión de la autoridad sobre el cambio se basó en “los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo”.
Sin embargo, tras el cambio, la menor y su familia firmaron un acta en la que desistieron realizar el procedimiento y afirmaron que la niña de 10 años llevará el embarazo a término.
