En 2013 Doris, una mujer de 73 años de Phoenix, Arizona, finalmente descansaba después de una larga batalla contra el Alzheimer y su hijo Jim Stauffer decidió donar su cuerpo a la ciencia para que los investigadores pudieran trabajar buscando una cura para la terrible enfermedad.
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Sin embargo, lo que no esperaba Stauffer era enterarse después de varios años que en realidad el cuerpo de la mujer había sido vendido en secreto al Ejército de Estados Unidos para ser parte de las llamadas «pruebas de explosión».
«Me siento como un idiota» dijo el hijo de Doris al enterrase de lo ocurrido y demandar junto a otras 32 personas al Centro de Recursos Biológicos de Phoenix, por lo que sucedió con los cuerpos de sus seres queridos.
«No soy una persona desconfiada, pero en esta situación, no tienes idea de que esto está sucediendo, confías. Esa confianza es de lo que se alimentan”, dijo aún sin aceptar lo ocurrido.
De acuerdo con los antecedentes legales, el cadáver de la madre de Stauffer fue amarrado a una silla antes de que una bomba fuera detonada debajo de ella.
«Rechazamos expresamente explosiones»
Según el hijo de Doris -en declaraciones que reproduce el diario The Independent– cuando entregaron el cuerpo de la mujer al laboratorio firmaron un documento en el que negaban explícitamente que fuera usado para pruebas o experimentos con explosivos.
«No veo un camino para superar esto. Cada vez que hay un recuerdo, cada vez que hay una fotografía que miras, hay una cosa fea que sucedió justo ahí mirándote directamente «, dijo el hombre a los medios locales.
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La mujer fue parte del llamado «laboratorio Frankenstein» cuyo caso provocó revuelo la semana pasada, cuando el FBI reveló los documentos judiciales en los que señalaban que en el lugar se habían encontrado cubos llenos de cabezas, brazos y piernas durante una redada en el centro en 2014.
De acuerdo con los antecedente militares obtenidos en el marco de la investigación contra el laboratorio, al menos otros 20 cadáveres fueron usados en pruebas de explosión diseñadas para ofrecer una idea de lo que les sucede exactamente a las víctimas de las bombas, sin el conocimiento de sus familiares.
Cada uno de los cuerpos fue vendido por BRC en US$ 5.893, unos 4 millones 200 mil pesos chilenos.
