La crisis sanitaria que vive nuestro país producto del coronavirus viene de la mano con la caída económica. En este sentido, el tema de los arriendos está siendo bastante afectado, considerando que hay y que van a haber muchas personas que no podrán pagar su renta.
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Esto es para ambos lados. Por una parte, están quienes están viviendo en una propiedad arrendada, y por otra quienes entregan este inmueble con la idea de percibir ingresos, que en muchos casos corresponden a gran parte o a la totalidad de estos.
¿Qué podemos hacer en estos casos?
En un artículo publicado por la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios A.G, Acop, indica que “lo aconsejable es que el propietario renegocie con el arrendatario, por intermedio del corredor que tiene la administración, una rebaja o suspensión en el pago de la renta de arrendamiento mientras subsista el impedimento, en base a la buena fe contractual que debe guiar siempre la conducta de las partes, frente a un evento extraordinario de cambio de circunstancias”.
Salvador Makluf, abogado y gestor inmobiliario de Viña del Mar, concuerda con esto señalando que en su estudio han tenido un significativo aumento en las consultas de qué hacer con el pago o no de la renta debido a esta crisis, solicitando principalmente una rebaja temporal.
En este sentido, si bien las partes pueden exponer su situación, cada caso es distinto a otro. No será lo mismo si una alguien se queda sin trabajo, o tiene una disminución en sus ingresos, si el dueño del departamento o casa tiene crédito hipotecario, o si propietario de ese inmueble es una persona de la tercera edad que compensa su baja pensión con esta segunda entrada.
“Cada caso particular tiene su propia solución, yo lo que recomendaría sería una renegociación firmando un anexo de contrato de arrendamiento por un plazo de tres meses, que se puede hacer de forma virtual a través de la firma electrónica avanzada sin que las personas tengan la necesidad de ir a la notaría”, aconseja Makluf.
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El profesional agrega que “posteriormente, las partes se vuelven a sentar a conversar, con la misma honestidad que se merecen y la buena fe, si es que fuera necesario mantener la rebaja o volver al acuerdo original, porque tenemos que ir viendo cómo se van dando las cosas a futuro”.
En todo lo anterior, lo importante es que los participantes de la negociación actúen de manera clara y transparente, llegando a un acuerdo que se pueda sostener mientras dure esta crisis, ya que, para los entendidos en esta materia, el tema legal sería el último recurso.
En resumen, “la idea es no se judicialicen todos los casos, sino que se intente llegar a un entendimiento, porque la justicia en Chile en promedio se demora hasta 6 meses para la restitución del inmueble, esto sumado a los costos asociados, un juicio de arriendo cuesta en promedio un millón y medio de pesos”, concluye Makluf.
Puedes revisar más temas relacionados en su sitio web www.makluf.cl o en su canal www.youtube.com/salvadormakluf