La Superintendencia de Educación Superior implementará un “plan especial de fiscalización” para un total de 45 instituciones, el que verificará “que los planteles hayan adoptado las medidas necesarias para continuar con sus servicios” en medio de las restricciones generadas por la crisis del coronavirus.
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La medida se aplicará a 15 universidades e igual número de institutos profesionales y centros de formación técnica, “los que serán determinados según el nivel de cumplimiento en el envío de información requerida por la Superintendencia y de gestión de los conflictos internos que se hayan suscitado a propósito de la suspensión de actividades presenciales”.
Para la evaluación se fijaron “tres tramos de cumplimiento, siendo el mínimo un 80% de las temáticas contenidas en las 16 dimensiones que contiene el programa”.
Las instituciones que queden en el rango entre el 50 y 80% de cumplimiento “serán oficiadas a fin de que adopten e implementen las medidas que les permitan cumplir con el porcentaje mínimo establecido, dentro de un plazo que definirá la Superintendencia”.
Por su parte, a quienes no lleguen al 50%, se les “instruirá un procedimiento administrativo sancionatorio… con la finalidad de determinar la existencia de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna infracción, lo cual puede ser sancionado con una amonestación o multa de hasta 1.000 UTM por cada caso. Asimismo, la Superintendencia podrá determinar acciones conjuntas en esta materia con el Servicio Nacional del Consumidor”.
El superintendente Jorge Avilés dijo que con el plan se verificarán “las medidas dispuestas por las instituciones en los ámbitos curricular y de acompañamiento estudiantil, tales como capacitación a académicos y estudiantes en el uso de plataformas; acceso de los estudiantes a recursos digitales necesarios para cursar las asignaturas en formato online y medidas de atención psicológica, entre otras”.
Avilés recordó que en una primera etapa se instruyó a las instituciones “la difícil tarea de implementar modalidades alternativas a las presenciales para continuar prestando los servicios educacionales durante este periodo de excepción transitoria”, y que ahora, en una segunda etapa, “hemos considerado fundamental avanzar en la revisión específica de cómo las distintas instituciones se encuentran entregando el servicio educacional en las circunstancias actuales”.
