La querella por presunta estafa fue presentada contra el animador Francisco Kaminski, en un caso relacionado con la organización de la fonda “Doña Flor”, evento que se proyectaba realizar en la comuna de La Florida.
De acuerdo con información de The Clinic, la acción judicial fue interpuesta el 2 de marzo por el empresario José Tomás Devlahovich, quien acusa haber sido convencido de participar como socio del evento y de invertir millones de pesos en la producción del espectáculo.
De acuerdo con los antecedentes consignados en la querella, el perjuicio económico superaría los $180 millones, razón por la cual se solicitó al Ministerio Público de Chile iniciar una investigación para determinar eventuales responsabilidades penales.
Querella contra Francisco Kaminski por presunta estafa en proyecto de fonda
Según el documento judicial, la relación comercial entre el animador y el empresario comenzó en junio de 2025, cuando ambos fueron presentados por un amigo en común.
El objetivo del encuentro era sumar a Devlahovich como socio en la producción de la fonda “Doña Flor”, evento que se promocionaba para realizarse en el Estadio de la Contraloría Andes en la comuna de La Florida.
En la querella se señala que el proyecto incluía una parrilla musical con cerca de 25 artistas, además de food trucks y producción logística en desarrollo, lo que habría motivado la decisión del empresario de integrarse al negocio.
Según el relato presentado ante la justicia, se le indicó que Francisco Kaminski actuaba como administrador principal del evento y que el espectáculo contaba con todos los permisos necesarios para su realización.
Transferencias millonarias y pagos para artistas y proveedores
Tras incorporarse al proyecto, el querellante afirma que comenzó a realizar diversos pagos relacionados con la producción de la fonda.
Entre los gastos mencionados en la acción judicial figuran pagos a artistas, proveedores y costos operativos vinculados al evento.
De acuerdo con el documento, una parte importante de los recursos fue transferida desde la empresa Smart Foods hacia una sociedad denominada “Colena”, la cual, según se indica, estaría vinculada a personas cercanas al animador.
Sólo en estas transferencias bancarias se habrían pagado cerca de $150 millones.
Además, el empresario sostiene que debió asumir una deuda previa con la plataforma de venta de entradas Passline para poder continuar con la organización del evento.
Irregularidades detectadas durante la organización del evento
Con el avance de la producción, el querellante asegura haber detectado inconsistencias en la administración del proyecto.
Entre las situaciones mencionadas en la querella se incluyen sobreprecios en contratos con artistas, diferencias en los montos presupuestados y pagos a proveedores que no habrían sido rendidos formalmente.
Estas situaciones motivaron nuevas consultas sobre el estado del evento y la documentación asociada a su realización.
Empresa del recinto afirmó que no existía contrato para la fonda “Doña Flor”
Uno de los puntos centrales del caso se produjo cuando el empresario se reunió con ejecutivos de la empresa Zertior, titular del recinto donde se realizaría la fonda y propietaria de la marca “Doña Flor”.
Según el documento judicial, en esa instancia se le informó que no existía contrato de arriendo con Francisco Kaminski ni cesión de marca para el evento.
El querellante señala en la presentación judicial que tras conocer estos antecedentes decidió negociar directamente con la empresa propietaria del recinto.
“Nunca existió contrato de arriendo con Francisco Kaminski ni cesión de marca a su favor”.
Empresario negoció directamente con la empresa del recinto
Tras ese episodio, Devlahovich indica que optó por negociar directamente con la empresa Zertior con el objetivo de evitar la cancelación del evento.
Según los antecedentes del documento judicial, la compañía finalmente accedió a arrendar el recinto y autorizar el uso de la marca, lo que incluso derivó en comunicados públicos para desvincular el nombre de Kaminski del espectáculo.
En la querella se establece que el perjuicio económico total alcanzaría al menos $180 millones, considerando los recursos invertidos inicialmente y otros gastos asumidos posteriormente para mantener el evento en desarrollo.
Investigación solicitada al Ministerio Público
Debido a estos antecedentes, el empresario solicitó al Ministerio Público investigar los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales tanto del animador como de otras personas mencionadas en el caso.
La acción judicial busca esclarecer el origen de las inversiones realizadas, los contratos asociados al proyecto y la eventual existencia de irregularidades en la organización del evento.