El mundo entero está conmovido y preocupado por la vida del futbolista de la selección de Irán, Amir Nasr-Azadani, luego de que este recibiera una condena a muerte por defender los derechos de la mujer en su país.
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El 16 de septiembre marcó el inicio de una serie de manifestaciones en Irán, tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, que falleció tres días después de ser detenida por la policía en Teherán por supuestamente violar el estricto código de vestimenta de las mujeres en el país.
Sobre la posición del ‘Team Melli’, el portugués Carlos Queiroz manifestó, tras perder 6-2 ante Inglaterra en el primer partido, que “no se imaginan lo que estos chicos han pasado en los últimos días de manera interna, simplemente porque querían expresarse como futbolistas. Digan lo que digan, la gente los quiere matar”, dijo.
Además de esto, según fuentes de CNN, el Gobierno de Irán habría amenazado a familiares de los jugadores de la selección de fútbol que participan en el Mundial de Qatar con encarcelarlos y torturarlos si los futbolistas “no se comportan bien”, tras la polémica al negarse a cantar el himno en el partido inaugural contra Inglaterra.
Ahora, ha trascendido que Amir Nasr-Azadani se enfrenta a una pena de muerte en su país, según ha informado Fifpro. El futbolista fue detenido públicamente por defender los derechos de las mujeres de su país ante el régimen.
“Fifpro está conmocionado y asqueado por los informes de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, aseguró el ente en sus redes sociales.
Lamentablemente, este no es el único deportista que ha sufrido la inclemencia en Irán, luego de que apenas este lunes se supiera que Majid Reza Rahnavard, practicante de lucha libre, fue ahorcado tras ser condenado a muerte en un juicio sin garantías, luego de ser acusado de matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. Es el segundo caso de ejecución pública.
