A casi un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, un estudio realizado por Defontana reveló que todavía hay una serie de falencias en la implementación de la normativa laboral a nivel organizacional, indicando que pese a los avances, todavía hay una brecha significativa en la gestión real de los protocolos contra el acoso, la violencia y la discriminación laboral.
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En ese sentido, el estudio también reveló que el pese a que el 81% de las empresas declara tener un protocolo de prevención, muchas aún no lo integran a su operación diaria de forma activa.
En tanto, solo el 61% de las empresas ha publicado ese protocolo en el reglamento interno, tal como lo exige la norma, mientras que el canal más utilizado para difundir el protocolo es el correo electrónico (60%), seguido de reuniones internas (53%) y capacitaciones (43%). Sin embargo, apenas el 24% lo difunde a través de plataformas tecnológicas, lo que revela un bajo aprovechamiento de las herramientas disponibles.
Correo electrónico sigue siendo el principal canal de denuncias
En cuanto a las denuncias, se detectó que pese a que el 76% tiene un canal para hacerlo, el 57% siugue usando el correo electrónico como vía principal de recepción, lo que plantea dudas sobre la confidencialidad y trazabilidad de los procesos.
“Este estudio evidencia que aún existe una distancia considerable entre cumplir con lo que exige la ley y construir una verdadera cultura de prevención al interior de las organizaciones”, indicó Macarena Molina, Product Manager de Gestión de Personas en Defontana.
“No basta con tener un protocolo por escrito, es indispensable que las empresas lo integren naturalmente en la práctica, en su operación diaria, y para eso deben partir por comunicar que este protocolo existe y cuál es su alcance. Contar con canales de denuncia seguros, trazables, que aseguren confidencialidad y sean gestionados con responsabilidad es el primer paso para dar una señal de confianza a los equipos. El uso del correo electrónico, por ejemplo, no es recomendable, ya que no garantiza ni la trazabilidad del proceso ni la confidencialidad del denunciante. Por otro lado, para completar el ciclo capacitar continuamente es clave”, precisó Molina.
Ante este panorama, la experta hizo un llamado a profesionalizar los procesos, integrar tecnología para asegurar trazabilidad y confidencialidad, y posicionar la formación continua como herramienta clave de prevención. Asimismo, propone la creación de un “decálogo del canal seguro” y la disponibilidad de cápsulas formativas descargables, con foco en apoyar a las empresas en su transformación cultural.
“La Ley Karin no puede convertirse en un check list legal. Para que sea efectiva, necesita gestión, compromiso y tecnología”, apuntó la experta.
