A un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, la Mutual de Seguridad entregó el resultado de un balance que no solo cuantifican el uso de este nuevo mecanismo de denuncia y contención, sino que dibujan una radiografía del clima laboral en Chile, revelando entre otras cosas que 7 de cada 10 denuncias corresponden a un posible acoso laboral.
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Así, desde que entró en vigencia la Ley Karin, la Mutual de Seguridad indicó que ha recibido casi 10.500 requerimientos de atención psicológica temprana (APT), de los cuales se han materializado el 85% (9.000), donde el 81,4% de estas activaciones responde a denuncias por situaciones de eventual acoso laboral —hostigamientos reiterados, maltrato psicológico y relaciones deterioradas entre compañeros o con jefaturas—.
En tanto, un 11,5% se refiere a hechos de violencia física o verbal, y un 5,4% corresponde a situaciones de acoso sexual.
“El respeto y la salud mental no son negociables”
“La Ley Karin no solo llena un vacío legal, sino que instala un nuevo estándar cultural en el trabajo: uno en que el respeto y la salud mental no son negociables. Lo que estamos viendo no es una crisis emergente, es una realidad que ha salido a la luz”, señaló al respecto Héctor Jaramillo, gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad.
Los datos de Mutual de Seguridad revelan que más de la mitad de los posibles casos de acoso laboral involucra a jefaturas como agentes del hostigamiento, mientras que el resto de este tipo de situaciones es provocado por compañeros de trabajo.
Pese a que el acoso sexual representa una menor proporción (5%) de los eventuales casos, la gravedad de este tipo de situaciones es ineludible, lo que refuerza una lectura cualitativa de fondo.
“Esto no resta gravedad al acoso sexual —que sigue siendo una vulneración inaceptable—, pero sí nos obliga a ampliar la mirada: el principal problema denunciado hoy, es respecto de situaciones de malos tratos en los entornos de trabajo, normalizado en muchas culturas laborales, ejercido tanto por jefaturas como por pares. Si no abordamos ese fondo, seguiremos tratando los síntomas y no las causas”, agregó Jaramillo.
Otro hallazgo clave es que el 68% de quienes activan estas solicitudes son mujeres, lo que confirma una brecha estructural en la forma en que se vive y denuncia los alcances de esta nueva normativa. Las mujeres, además de estar más expuestas, tienden a dar mayor valor al bienestar emocional y a la necesidad de contención temprana.
