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El Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia de San Bernardo (LNBE) obtuvo el mejor Simce a nivel comunal en matemáticas octavo básico, sin embargo, cuando comenzaron las clases este año sus alumnos de séptimo y octavo se encontraron con que no había salas de clases suficientes y tuvieron que ocupar las dependencias del establecimiento de al lado o las salas de computación: simplemente la infraestructura del establecimiento aún no había sido terminada.
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Esta es sólo una de las irregularidades detectadas en el informe de auditoría de la Contraloría, el que revisó el período 2013 de todos los liceos Bicentenario del país, período en el que se les transfirieron $1.277 millones por conceptos de equipamiento e inmuebles. La Contraloría obtuvo una muestra de $871 millones y de ellos $359 millones no fueron respaldados con ningún tipo de documento o fueron respaldados por documentos simples, en lugar de ser respaldados mediante fotocopia autorizada ante notario como la normativa indica.
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Dentro de las imágenes que el mismo informe adjunta se observa que a agosto del 2014, por ejemplo, la biblioteca del Liceo Bicentenario de San Bernardo no contaba con ninguna estantería para los libros y que estos estaban apilados sobre mesas; que en el Liceo Bicentenario de Talagante la sala de ciencias permanecía en completo desorden por las obras en ejecución y que en el Liceo Bicentenario Indómito de Purén parte de los muebles permanecían apilados y en mal estado.
La Contraloría mencionó en las conclusiones de su informe que iniciará un sumario administrativo “a fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados”. Cabe mencionar que este tipo de establecimientos está a cargo de la Subsecretaría de Educación, a quien va dirigido el informe. Además, la institución fiscalizadora aseguró que en materia de traspasos de fondos, administrados por la Unidad Coordinadora del Programa, corresponde que el Mineduc implemente “las acciones necesarias para efectos de conciliar y regularizar las deficiencias encontradas”. En el marco de ello, deberá informar su avance en un plazo de 60 días hábiles a contar de la recepción del informe.
Otras de las irregularidades encontradas en la compra de infraestructura responden a que se compraron bienes por $63 millones sin que éstos se encuentren identificados en los proyectos, compras que fueron anexadas a los convenios de transferencia y desempeño celebrados entre el Ministerio de Educación y los distintos sostenedores. Esto a pesar de que estas compras deben corresponder a lo previsto y planificado en dichos convenios. Además hubo adquisiciones por montos superiores a lo asignado en los convenios y otras compras que se adjudicaron con antelación a la toma de recepción.
En materia de fiscalización la Contraloría detectó falencias en el Mineduc. Asegura que no hubo manuales de procedimientos y que la unidad coordinadora del programa no realizó seguimientos de los casos, lo que podría haber facilitado los “incumplimientos de los sostenedores”.
“El Mineduc deberá elaborar el manual de procedimientos del programa y sancionarlo mediante el acto administrativo correspondiente, según lo enunciado, informando a este Organismo de Control de su avance, en el mismo plazo de 60 días hábiles”, concluye el informe.