En el Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, firmaron el proyecto de ley que elimina la prohibición de participación con derecho a voto de los estudiantes y funcionarios administrativos en la elección de los gobiernos de las instituciones de educación superior, el polémico artículo DFL 2. Esta medida es una demanda histórica del movimiento estudiantil y su ejecución fue la condición interpuesta por la Confech para integrarse al Plan Nacional de Participación Ciudadana, impulsado por el Mineduc para discutir y llegar a acuerdos sobre la reforma educacional.
El polémico artículo en su aplicación incluso llevó a que a los estudiantes no pudieran conformar sus centros de alumnos ya que en la práctica prohibe participación con voz y voto en órganos de gestión y dirección universitaria.
“Esta derogación es un acto de justicia y es también la ratificación de nuestro compromiso como Gobierno para estimular procesos más abiertos y democráticos en el debate sobre cada proyecto educativo. (…) No queremos que haya cerrojos contra la participación ni creemos que la exclusión sea el modo de consolidar un nuevo sistema educativo basado en el principio de derecho social”, dijo la Presidenta Bachelet durante la ceremonia.
En ese sentido, el ministro Eyzaguirre sostuvo que era necesario recuperar la confianza. “Sabemos que nuestra democracia necesita y puede más, que para recuperar la confianza necesitamos cambios profundos y muchas acciones concretas. Una de las herencias de los años de la dictadura, que no habíamos sabido corregir, es la que buscamos comenzar a reparar con el proyecto de ley que firmamos hoy”, aseguró el secretario de Estado.
La iniciativa permite a los estudiantes de las casas de estudio incluir en su forma de gobierno y gestión a todos los integrantes de sus respectivas comunidades educativas en la forma que lo consideren pertinente y según sus fines y definiciones institucionales. Además, establece que en ningún caso los estatutos o normativas internas de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica podrán contener disposiciones que prohiban la libre organización de sus estudiantes y personal docente y no docente, asegurando de este modo que la comunidad estudiantil pueda asociarse libremente.
“Esto sin duda alguna es una conquista, un avance; el Gobierno comienza a cumplir con necesidades urgentes para la construcción de un nuevo sistema educacional. Esta es la posición que debe caracterizar al Gobierno de la Presidenta Bachelet, el cumplir con su programa y no dudar ante la derecha y quienes mantener todo tal cual está”, dijo Rubén Muñoz Galdámez, quien fue vocero de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Superior Privada (Codesup) el 2011, quien agregó que las instituciones privadas deben terminar con la criminalización de las organizaciones. “Los planteles privados deben terminar con criminalización sobre sus estudiantes, cuerpos organizativos autónomos de las Direcciones de Asuntos Estudiantiles (DAE) y asegurar financiamiento a Centros de Estudiantes y Federaciones, destinando a lo menos el 10% de los recursos por concepto de matrícula”, enfatizó el ex dirigente del movimiento estudiantil.
El proyecto además faculta a la Presidenta de la República para que mediante un decreto con fuerza de ley dicte nuevas normas estatutarias o modifique las vigentes en las Universidades de Santiago y de Valparaíso, instituciones que manifestaron su interés en regirse por nuevos estatutos orgánicos. Cabe recordar que los estatutos deben ser cambiados por ley en el caso de las universidades estatales. Ambas casas de estudio presentaron iniciativas que buscan establecer una organización y estructura moderna y democrática, que posibiliten una gestión institucional eficaz, según informó el Mineduc.
