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“Las intervenciones sobre las federaciones en este país no se ven desde que regresó la democracia”, dice a Publimetro Marta Matamala, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Usach respecto al recurso de protección presentado por la máxima autoridad del plantel en contra de la ocupación.
En la acción legal, que ingresó a la Corte de Apelaciones, el rector Juan Manuel Zolezzi asegura que la federación de estudiantes del plantel ha realizado actos arbitrarios e ilegales al no permitir que estudiantes y académicos realicen sus actividades normales.
Zolezzi, quien había presentado anteriormente un recurso de protección, el que luego retiró por el “evidente aprovechamiento comunicacional del hecho”, dice que se vio en la obligación de reingresar la acción legal por los destrozos a la infraestructura y tozudez de los dirigentes estudiantiles, calificando la toma como un capricho que no se justifica. “Dichas conductas son arbitrarias, pues aparecen como fruto del capricho de los dirigentes, que no reflejan congruencia entre los medios que se emplean -ilícitos- con los fines que persigue. Aún cuando éstos sean justos o legítimos”
Para Marta Matamala la acción es una muestra más de la falta de diálogo al interior de la universidad. “Que interponga un recurso de protección mientras seguimos negociando da cuenta de la intransigencia, y que el rector hoy no entiende que el problema no se judicializa. Nosotros como federación hemos evitado llevar esto a los juzgados, porque entendemos no vamos arreglar nada allí. Esto se va a resolver cuando ambas partes tengan la intención de llegar a una solución. Y eso el rector no lo entiende. Para nosotros esas medidas son propias de quienes hacen uso de la fuerza regularmente, y es muy fuerte que un rector ponga recursos de protección contra miembros de su propia comunidad. Que han sido electos por los mismos estudiantes”.
El punto en conflicto
La Casa Central lleva un mes en toma, mientras que la paralización general lleva tres meses. Una medida que fue adoptada por los estudiantes quienes exigen una mayor democratización interna.
El conflicto estalló en medio de una serie de petitorios internos por mejoras en infraestructura. Fue entonces cuando se dio a conocer la cancelación de un contrato por 10 mil millones de pesos entre el plantel y la empresa española Isolux-Corsán, encargada de la construcción de un edificio que vendría precisamente a solucionar las demandas de los alumnos. “Habían estafado incluso al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros tuvimos la fortuna, por decirlo de alguna manera, de trabajar con ellos. Y esta empresa, en su relación que tuvo con la universidad, incurrió en licitaciones fraudulentas con cómplices que eran miembros de la propia rectoría. Con cargos de confianza por parte del rector”, dice Marta Matamala.
La situación dejó el edificio a medio camino e incluyó una querella por fraude al Fisco y cohecho. Esto, sumado a las coimas en que habrían incurrido algunas autoridades, llevó a los estudiante a movilizarse, ya que consideran que todo se pudo haber evitado con una mayor participación de todos los estamentos en la toma de decisiones.
“Para nosotros es vital que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros asumimos que en la medida que la comunidad participe, los intereses de todos se verán reflejados en la administración de la universidad. Como hoy eso no existe, es normal que estudiantes y funcionarios no sepan dónde van los recursos”, señala Matamala.
